A casi dos décadas de la reforma que dio paso al sistema de justicia penal acusatorio, el Poder Judicial de San Luis Potosí aún enfrenta dificultades para adaptarse por completo al modelo de oralidad, reconoció la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa. La magistrada señaló que los cambios derivados de la reforma de 2008 siguen representando desafíos en la operación diaria de los tribunales.

Explicó que la transición de procesos principalmente escritos a audiencias orales implicó modificaciones profundas en la forma de impartir justicia, como la presunción de inocencia, la separación de funciones entre las autoridades, una mayor protección a víctimas e imputados, el uso de mecanismos alternativos para resolver conflictos y un mayor control judicial de las investigaciones. Sin embargo, consideró que la implementación de este modelo aún requiere ajustes para lograr una mayor eficiencia.

Entre los principales retos, Zarazúa señaló la necesidad de contar con jueces con mayor dominio del desarrollo ágil de las audiencias, así como una mejor preparación de las partes involucradas. Indicó que con frecuencia litigantes y demás participantes intentan abordar diversos asuntos en una sola audiencia, lo que prolonga los procedimientos y provoca rezagos en las audiencias programadas posteriormente. A ello se suma que cada vez es menos frecuente recurrir a mecanismos alternativos de solución de controversias, mientras que las impugnaciones a las resoluciones se han vuelto una práctica más común, lo que también extiende la duración de los procesos.

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La presidenta del STJE afirmó que para hacer más eficiente el sistema se requiere fortalecer la capacitación no solo de jueces, sino también de litigantes, ministerios públicos y del resto de las personas que intervienen en los juicios. Actualmente, el Poder Judicial desahoga entre 500 y 600 audiencias cada tercer día, aunque sostuvo que esa cifra podría incrementarse si todos los operadores del sistema tuvieran un mejor manejo del modelo penal acusatorio.