Se agrietó la Reforma Judicial aprobada en los albores del segundo piso de la cuatroté. El punto de quiebre es el control de todos los recursos del Poder Judicial de la Federación (PJF), en manos del Órgano de Administración Judicial (OAJ), presidido por Néstor Vargas Solano. Desde el principio, los ministros, magistrados y jueces que contendieron en la elección del acordeón, sabían que ese organismo acapararía todo el poder: nombramientos, adquisiciones, recursos humanos, contrataciones, gestión de inmuebles y obras públicas.  Pero, sobre todo, el diseño y administración de los presupuestos en juzgados, tribunales, Suprema Corte (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Tribunal Electoral (TEPJF). Antes esa función recaía en el extinto Consejo de la Judicatura Federal, encabezado por quien ocupara la presidencia de la Corte. Y sí, 16 meses después de haber sido elegidos ya no les gustó ese modelo, así que el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, y sus pares en el resto de los organismos judiciales impulsan una nueva reforma al Poder Judicial.   A principios de octubre pasado, los titulares de la Corte, del OAJ, del TDJ (Celia Maya), y del TEPJF (Gilberto Bátiz) presentaron a la consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, su propuesta conjunta de “reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.  Y este fin de semana, Aguilar se la entregó al presidente de San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho Cué, y al líder de la Jucopo, Ricardo Monreal.  En el apartado V de la iniciativa está el peine: “La autonomía de gestión no debe entenderse como un privilegio institucional, sino como un instrumento para que las decisiones sobre recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos respondan a las necesidades de la función jurisdiccional. La administración debe estar al servicio de la justicia, y no a la inversa”.  Asimismo, defiende que “los órganos deben contar con mayores capacidades de gestión y ejecución directa sobre los presupuestos asignados y los recursos humanos, materiales y financieros a su cargo”. En ese tenor, propone “un modelo en el que se amplían las facultades de gestión de cada órgano y se delimitan con mayor precisión las atribuciones generales del Órgano de Administración Judicial”.  Es decir, que la SCJN, el TDJ y el TEPJF sean “unidades ejecutoras de gasto, facultadas para gestionar y ejercer directamente el presupuesto que les sea autorizado a través de sus respectivas Unidades de Administración”.  La iniciativa llegó poco antes de que la Cámara de Diputados discuta y apruebe el Presupuesto 2027, cuyo dictamen contempla 72 mil 264 millones de pesos al PJF. De ese total, el OAJ tendría $61 mil 636 millones 459 mil 575 y administraría los $5 mil 628 millones 928 mil de la Corte; los $1,220 millones 585 mil del TDJ; y los $3 mil 778 millones 728 mil de TEPJF.  Y si pasa su reforma, cada uno tendría su propio pastelote judicial. POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN COLABORADOR [email protected] @R_SANCHEZP