La diputada del PAN, Susana Bermúdez Cano, propuso incrementar la pena a quienes participen, particularmente servidores públicos, en el encubrimiento de homicidios dolosos, lesiones dolosas, violación, violencia familiar y feminicidio, principalmente servidores públicos.  De acuerdo al artículo 247 vigente del Código Pena, al participar algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, investigación o persecución del delito; aplicación o ejecución de sanciones respecto de delitos, se le sancionará con dos a ocho a años de prisión y de veinte a ochenta días multa, la destitución del cargo y con inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período igual al de la pena de prisión. Y la propuesta propone aumentar en un tercio del mínimo a un tercio del máximo de la pena, de acuerdo a lo que presentó durante el arranque del segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional del Congreso del Estado. La diputada del blanquiazul aseguró que abonará a la normatividad “tendiente a reducir o inhibir el índice de impunidad que se vive en nuestro estado”.  El aumento al castigo propuesto está dirigido a la persona que de manera dolosa, sin haber participado en la comisión del delito ayuda al sujeto activo a evadir la justicia realizando conductas como esconder, disfrazar, alterar, inutilizar, tapar o callar los hechos conocidos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021(ENVIPE) del INEGI, se estimó en se registraron 21.2 millones víctimas de 18 años y más en el país durante 2020, y en el 93.3% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación. La diputada panista expuso que entre los factores que explican la ausencia de la denuncia es como consecuencia de la falta de confianza, la percepción de impunidad y escasa efectividad y se suma el encubrimiento. Es decir, cuando una persona de manera dolosa, sin haber participado en la comisión del delito, ayuda al sujeto activo a evadir la justicia o a aprovecharse de los efectos del delito cometido, ya sea realizando conductas como esconder, disfrazar, alterar, inutilizar, tapar o callar los hechos conocidos. La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.