Durante el ejercicio 2025, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, fincó multas contra 482 funcionarios públicos municipales por ocultamiento de información, irregularidades en procedimientos de adjudicación, falta de documentación comprobatoria y otros requisitos administrativos. Lo anterior, como resultado de las auditorías ejecutadas a las Cuentas Públicas de los 59 municipios del Estado potosino. Así lo informó el titular del organismo fiscalizador, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, quien detalló que la suma global de las multas asciende a 3 millones 322 mil pesos, cuyo destino corresponde al fortalecimiento de las actividades de fiscalización y capacitación. Esta cantidad proviene de los bolsillos de funcionarios públicos que directamente ejercen los recursos públicos municipales; entre ellos alcaldes, tesoreros y coordinadores de Desarrollo Social, cuyas sanciones se lograron luego de ser sometidos a un procedimiento administrativo de ejecución (PAE) llevado a cabo en forma de juicio. “En el IFSE tenemos la obligación de cobrar estas multas convertidas en créditos fiscales que el funcionario público debe pagar de sus propios recursos y en caso de incumplir con el pago, se hacen acreedores a otro tipo de sanciones además de que no podrán participar en próximos procesos electorales o podrían ser inhabilitados para ocupar cargos públicos” indicó Rodrigo Lecourtois. El Auditor Superior del Estado explicó también que la multa es un concepto distinto al de resarcimiento, al tratarse de un medio de apremio personal para hacer cumplir los requerimientos que la ley impone, a diferencia de las acciones que dan seguimiento a los resultados de las auditorías y buscan el reintegro de recursos públicos o rehacer obras en muchos casos; sin embargo, en ambas se busca que el funcionario pague sus faltas en la administración del dinero público. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H “En el pasado hubo más tolerancia con quienes cometieron irregularidades y por tanto se generaron pocas multas, lo que propició omisiones importantes en la entrega de información y otros procedimientos administrativos relacionados con la comprobación del gasto y procesos de adjudicación, por ejemplo”, concluyó Lecourtois López.