Este martes, se llevó a cabo la Tercera Sesión 2024 de la Agenda Nacional de Coordinación en Derechos Humanos con presencia de secretarios de gobierno y representantes de las entidades del país y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. En el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación (Segob) se trataron los temas relacionados con el Protocolo de atención a la protesta pacífica y Decálogo por la libertad y la paz en la protesta social; búsqueda de personas desaparecidas; prevención y erradicación de la discriminación, y el modelo de atención municipal a grupos prioritarios. La secretaria de Gobernación refirió que cuando la doctora Claudia Sheinbaum fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, impulsó mecanismos para garantizar la coordinación de las autoridades y se creó en la Secretaría de Gobierno, entonces a su cargo, el Protocolo de Atención a manifestaciones en vías primarias y el Protocolo de Prevención de Violencias en Manifestaciones. Con base en esa experiencia, se integró el Decálogo por la Libertad y la Paz en la Protesta Social, que puso a su consideración a manera de Protocolo Tipo, para que les sirva de base en sus tareas, ya que se trata de un documento avalado por la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, discutido con decenas de organizaciones especializadas en protesta y libertad de expresión y consultado con especialistas e instituciones locales y federales. Invitó a los secretarios de gobierno a integrar otros puntos y hacer un “protocolo tipo”, que sirva para todo el país. Recordó que dentro de los 100 pasos para la transformación de la presidenta se considera el respeto a las garantías constitucionales como la libertad de expresión, de prensa, de reunión y de movilización. La funcionaria federal aseguró que en México hay una ruta de derechos para evitar la criminalización de la protesta social, también para impedir la represión, el uso de la fuerza innecesaria, y no repetir errores del pasado. Agregó que para el Gobierno de México también es una prioridad la atención a personas buscadoras y sus familias, con los más altos estándares de respeto a sus derechos humanos y empatía. Por lo cual, dijo, se impulsan modelos de coordinación con estados y municipios, así como el fortalecimiento de los procesos técnicos y avances forenses, siempre de la mano de la Fiscalía General de la República, fiscalías de los estados y comisiones de búsqueda estatales. Agregó que los gobiernos cuentan con todo el apoyo del Gobierno de México para realizar su trabajo, sin importar colores partidistas, y los convocó a que hagan todo lo posible por la defensa de los derechos humanos, desde el ámbito de sus atribuciones y competencias. En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, presentó las buenas prácticas que las secretarías de Gobierno pueden retomar y ajustar a sus contextos locales para la atención de la protesta social. Tras la sesión inaugural, se realizaron tres mesas de trabajo para dar continuidad a temas como la búsqueda de personas desaparecidas, la no discriminación y la atención municipal a grupos prioritarios. El evento contó con la presencia del subsecretario de Gobierno, César Yáñez, así como los titulares de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes; del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Claudia Olivia Morales; de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez; de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, Froylán Enciso, y la directora general del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Tobyanne Ledesma. También el titular de la Unidad de Desarrollo Democrático, Carlos Antonio Alpízar; el titular de Planeación y Análisis de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), César Oliveros Aparicio; así como la directora general de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Dulce Claudia Colín. Estuvieron los secretarios generales de Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas; de Baja California Sur, José Saúl González Núñez; de Campeche, Armando Constantino Toledo Jamit; de Chiapas, Victoria Cecilia Flores Pérez; de la Ciudad de México (CDMX), César Cravioto; de Coahuila, Óscar Pimentel González, y de Colima, Alberto Eloy García Alcaraz. De Durango, Héctor Eduardo Vela Valenzuela; del Estado de México, Horacio Duarte Olivares; de Guanajuato, Jorge Daniel Jiménez Lona; de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna; de Jalisco, Juan Enrique Ibarra Pedroza; de Morelos, Juan Salgado Brito, y de Nayarit, Rocío Esther González García. De Nuevo León, Javier Luis Navarro Velasco; de Oaxaca, José de Jesús Romero López; de Puebla, Javier Aquino Limón; de Quintana Roo, María Cristina Torres Gómez; de San Luis Potosí, José Guadalupe Torres Sánchez, y de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez. De Sonora, Adolfo Salazar Razo; de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González; de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández; de Veracruz, Carlos Alberto Juárez Gil; de Yucatán, Omar David Pérez Avilés, y de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza. En representación de sus estados: el subsecretario de Gestión Normativa y Derechos Humanos de Aguascalientes, Enrique Ruelas García; la subsecretaria de Normatividad de Chihuahua, Sahara Gabriela Cárdenas Fernández; la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno de Guerrero, Anacleta López Vega; y la subsecretaria de Derechos Humanos de Michoacán, Mayra Xiomara Trevizo Guízar.