San Luis Potosí, SLP.-   San Luis Potosí se encuentra entre las entidades del país con menor representación de mujeres en los cargos de impartición de justicia, de acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El informe señala que al cierre de 2024 únicamente el 27.4 por ciento de las personas juzgadoras en la entidad eran mujeres, una cifra considerablemente inferior al promedio nacional, que se ubicó en 43.9 por ciento. Asimismo, en las magistraturas del Poder Judicial potosino la participación femenina alcanzó el 35.7 por ciento. Los datos colocan a San Luis Potosí entre los estados con mayores retos en materia de paridad dentro de los órganos encargados de impartir justicia. A nivel nacional, entidades como Tlaxcala y Yucatán registraron los porcentajes más altos de participación femenina en magistraturas y juzgados, respectivamente. El tema cobra relevancia en un contexto donde la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones ha sido una de las principales demandas de organizaciones civiles y colectivos feministas. Diversos observatorios especializados han señalado que una mayor presencia femenina en los órganos judiciales contribuye a fortalecer la perspectiva de género en la resolución de asuntos relacionados con violencia familiar, discriminación y derechos de las mujeres. Paradójicamente, durante el proceso de elección judicial de 2025 se impulsaron mecanismos para incrementar la participación de mujeres en las candidaturas, incluyendo la conformación de redes de apoyo para aspirantes a cargos jurisdiccionales. En ese proceso electoral se registraron decenas de mujeres contendiendo por magistraturas y juzgados locales. Tras la elección judicial celebrada en junio de 2025, la integración del Supremo Tribunal de Justicia del Estado mostró una composición cercana a la paridad, con ocho mujeres y siete hombres ocupando magistraturas. Sin embargo, los datos del INEGI evidencian que el desafío persiste principalmente en los juzgados y en la estructura general de impartición de justicia. Especialistas consideran que la evolución de estos indicadores permitirá evaluar si las recientes reformas y los nuevos mecanismos de elección judicial logran reducir la brecha de género en uno de los poderes públicos donde históricamente la representación femenina ha sido menor.