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Presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado es importante cuando ya ocurrió un delito
15:55 miércoles 14 octubre, 2026
San Luis
San Luis Potosí, SLP.— Comprar una casa, rentar un departamento o invertir en un terreno puede convertirse en una pérdida económica cuando la operación se realiza con intermediarios sin respaldo profesional, pues en la entidad potosina, el sector inmobiliario estima que durante 2026 se han registrado alrededor de mil 500 casos de fraude, frente a los 2 mil 500 reportados el año pasado, señaló Neil Selene Castro Ortega, presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).
Aunque la cifra representa una disminución respecto a 2025, el dirigente consideró que el problema sigue siendo considerable, pues de acuerdo con sus estimaciones, se han detectado entre tres y cuatro posibles casos diarios y las prácticas irregulares no se concentran en un solo municipio, sino que se presentan en las cuatro regiones del estado.
Entre los riesgos para quienes buscan una propiedad están las ofertas de compraventa o arrendamiento con precios por debajo de los habituales, que pueden utilizarse como gancho para atraer a personas interesadas y conseguir que entreguen anticipos o dinero antes de verificar la operación.
Castro Ortega sostuvo que una de las principales medidas para reducir estos riesgos es comprobar quién ofrece el inmueble y si cuenta con la acreditación necesaria para prestar servicios inmobiliarios y por ello, recomendó recurrir a asesores con licencia estatal, registro ante la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) o respaldo de organismos profesionales como AMPI.
El representante empresarial señaló que presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado es importante cuando ya ocurrió un delito, pero insistió en que la prioridad debe ser evitar que las personas pierdan su patrimonio: “Lo que se debe evitar es que ocurra un delito”, planteó.
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Ante la persistencia de estos casos, AMPI busca establecer una vía de colaboración con la Fiscalía estatal, similar a los acuerdos que ya mantiene con la Sedeco, para fortalecer la prevención y facilitar el intercambio de información sobre posibles irregularidades.