Días después de decirle a los grupos jurídicos que ayudan a niños migrantes que llegan solos a Estados Unidos —algunos tan pequeños que usan pañales o cuyas piernas cuelgan de las sillas en la corte— que debían detener su trabajo, el gobierno federal se retractó el viernes. El gobierno del presidente Donald Trump comunicó a los grupos que pueden reanudar la prestación de servicios jurídicos a decenas de miles de niños que están solos. El Acacia Center for Justice indicó que el gobierno le avisó que había dado marcha atrás en su decisión previa. El aviso llegó después de que el gobierno suspendiera el martes el programa que proporciona representación jurídica a niños que han llegado a Estados Unidos a través de la frontera con México, sin padres ni tutores legales. Varias organizaciones que ofrecen asistencia a niños migrantes habían criticado la medida, y en ese momento denunciaron que los menores estaban en riesgo. El contrato por 200 millones de dólares le permite a Acacia y sus subcontratistas proporcionar representación jurídica a aproximadamente 26 mil niños, y formación jurídica a otros 100 mil más. El aviso del Departamento del Interior emitido el viernes, obtenido por The Associated Press, no explica la decisión del gobierno de Trump de restablecer el programa. Indica que “cancela” la orden de suspender los servicios jurídicos para niños migrantes. “El Acacia Center for Justice puede reanudar todas las actividades”, dice el breve aviso. Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia, indicó que continuarán trabajando con el gobierno “para garantizar que estos servicios cruciales que defienden los derechos básicos al debido proceso de los niños vulnerables sean completamente restaurados” y que sus socios puedan reanudar su trabajo. Sin embargo, advirtió que este es un “momento crítico para asegurar que ningún niño se vea obligado a navegar” solo por el sistema de inmigración. Acacia indicó que, en menos de 48 horas, miembros del público enviaron más de 15 mil cartas al Congreso en las que exigían la reanudación del programa. El programa está financiado por un contrato de cinco años, pero el gobierno puede decidir al final de cada año si lo renueva o no. El plazo para la decisión de este año vence en marzo. Michael Lukens, director ejecutivo del Amica Center for Immigrant Rights, uno de los subcontratistas, dijo que a pesar de la reversión, sigue preocupado. “Estoy muy preocupado porque el ataque a los niños no tiene precedentes, y ya de por sí eso es preocupante”, declaró Lukens. Dijo que si la orden de detener el trabajo se hubiera mantenido, habría dejado a los niños en todo el país sin el debido proceso ni protección. La Ley de Protección de Víctimas de Trata de 2008 creó protecciones especiales para los niños que llegan solos a Estados Unidos. La ley establece que el gobierno debe facilitar la representación jurídica para los menores que son sometidos a procedimientos de deportación, aunque no exige que cada niño tenga un abogado. Los niños no acompañados menores de 18 años pueden solicitar asilo, estatus migratorio juvenil o visas para víctimas de explotación sexual. Algunas de las organizaciones que proporcionan representación jurídica señalaron que la decisión de restaurar los fondos asegura la continuación de protecciones vitales para los niños vulnerables.  

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