Apenas un día después de que ciudadanos irrumpieran en el Congreso del Estado para exigir a los legisladores que desempeñen sus funciones, las instalaciones del Poder Legislativo lucieron prácticamente vacías. Este martes no se realizó una sola reunión de las 27 comisiones legislativas y la mayoría de los diputados tampoco acudió a sus oficinas en el edificio de Jardín Hidalgo y Juárez, pese a que durante la manifestación varios de ellos aseguraron que mantendrían las puertas abiertas para atender a los inconformes.

La protesta del martes escaló luego de que a los manifestantes se les negara el acceso al recinto y se intentara contener su ingreso mediante elementos de seguridad. Una vez dentro del salón de plenos, los ciudadanos expusieron una larga lista de inconformidades, entre ellas la falta de revisión de iniciativas antes de ser aprobadas, la ausencia de comparecencias de funcionarios señalados por incumplir sus responsabilidades y el rezago legislativo que mantiene cientos de asuntos pendientes.

Sin embargo, al día siguiente de los reclamos, la actividad legislativa fue prácticamente nula. El único diputado que acudió al edificio legislativo fue Luis Emilio Rosas Montiel, quien arribó cerca del mediodía para sostener una reunión privada con un grupo de transportistas. El resto de los legisladores no fue visto en sus oficinas ni convocó a reuniones públicas relacionadas con las demandas planteadas por los manifestantes.

La ausencia de actividad ocurre en medio de cuestionamientos por el desempeño de la LXIV Legislatura. Actualmente permanecen pendientes más de 200 iniciativas sin dictaminar y, durante su primer año de funciones, menos de una cuarta parte de las propuestas presentadas lograron concluir su trámite legislativo.

A ello se suman señalamientos legales sobre algunas de las reformas aprobadas por el Congreso. Entre los casos más relevantes se encuentra la denominada Ley de Inteligencia Artificial, impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También persisten observaciones sobre otros decretos aprobados durante la presente legislatura.

Otro de los temas pendientes es la llamada “Ley Santi”, iniciativa ciudadana en materia de movilidad que permaneció más de un año sin dictaminar, situación por la que el Tribunal Electoral del Estado determinó que el Congreso incurrió en una omisión legislativa y le ordenó resolverla en un plazo máximo de tres meses.

Asimismo, continúa sin resolverse el rezago relacionado con las consultas obligatorias a personas con discapacidad y pueblos indígenas para diversas reformas legislativas. Incluso la presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, reconoció recientemente que, con suerte, podría realizarse una de estas consultas antes de concluir el presente año.

El escenario contrasta con la rapidez con la que fueron aprobadas otras iniciativas consideradas prioritarias por los grupos parlamentarios, como la reforma sobre regulación del uso de inteligencia artificial o la modificación electoral que estableció que únicamente mujeres podrían ser postuladas a la gubernatura en 2027, ambas avaladas en cuestión de días.

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Mientras los ciudadanos exigían que el Congreso trabajara más y mejor, la jornada posterior a la protesta dejó una imagen opuesta: un recinto sin reuniones de comisión, sin actividad legislativa visible y con la mayoría de los diputados ausentes de sus oficinas.