La más antigua organización hispana en Estados Unidos pidió a las autoridades federales investigar el reciente traslado de al menos 36 migrantes, entre ellos venezolanos y colombianos, en dos vuelos a Sacramento, California, presuntamente por parte de la administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés) instó este martes al Departamento de Justicia a investigar posibles violaciones de las leyes federales que puedan haber ocurrido durante el transporte de “refugiados a través de las fronteras estatales”. Un primer avión con 16 migrantes fue enviado el viernes pasado a la capital californiana, y el segundo arribó el lunes con 20 extranjeros más. Al parecer, los primeros migrantes fueron transportados en autobuses de El Paso, Texas, a Nuevo México y de allí en avión a Sacramento, California por la empresa Vertol Systems C., con sede en Florida, según versiones de medios. LULAC pidió hoy indagar la posible participación de dos altos funcionarios de la administración del gobernador DeSantis, quien aspira a la presidencia de Estados Unidos en las primarias republicanas y que hasta el momento no se ha pronunciado sobre el traslado. DeSantis, quien estableció desde el año pasado un programa de transporte de migrantes, que son enviados a estados gobernados por demócratas, enfrenta una demanda judicial colectiva tras el traslado en septiembre pasado de migrantes venezolanos a la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts. LULAC además subrayó que apoya la investigación emprendida este lunes por el alguacil del condado de Bexar, Texas, Javier Salazar, que busca castigar a los responsables. Sus conclusiones “afirman que el transporte de estos refugiados equivalía a una actividad criminal tanto por delitos graves como menores”. La organización hispana condenó “las supuestas acciones de dos miembros del personal de alto rango del gobernador de Florida” en el llamado programa de reubicación de migrantes. Domingo García, presidente de LULAC, lamentó que “refugiados latinos” estén sujetos al engaño y la explotación mediante el traslado a miles de millas de sus destinos bajo falsas promesas de trabajo, vivienda y asistencia. Recordó que lo mismo ha sucedido con estos migrantes vulnerables que fueron enviados a la isla Martha’s Vineyard y a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris, en Washington. LULAC, por otro lado, recomendó a los migrantes que no acepten ofertas de transporte de personas desconocidas que prometan empleo, vivienda y asistencia, sin verificar la legitimidad de dichas propuestas con las autoridades gubernamentales locales. En tanto, el gobernador de California, Gavin Newsom, tipificó este lunes de posible “secuestro” el traslado de migrantes bajo las leyes de su estado, mientras el fiscal californiano, Rob Bonta, investiga el hecho. El fiscal señaló que los primeros 16 migrantes tenían documentación que parece relacionarlos con la administración de DeSantis. Newsom calificó de patético a DeSantis y recordó que Sacramento no es la isla Martha’s Vineyard, donde el gobierno de Florida envió a un grupo de migrantes el año pasado, y por lo cual está demandado en la Corte. El caso de Martha’s Vineyard es objeto de una demanda judicial contra DeSantis presentada en nombre de los afectados por Abogados por los Derechos Civiles (LCR), organización que envió ya a Sacramento un equipo para investigar si el gobernador republicano “ha vuelto a atacar”. --

Con información de Latinus