El beneficio de la libertad condicional otorgado a siete violadores de derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet tiene a tres magistrados de la Corte Suprema chilena a un paso de la destitución. Diez parlamentarios de izquierda presentaron una acusación constitucional en su contra por notable abandono de deberes al considerar que los jueces no aplicaron las normas establecidas por la comunidad internacional para los delitos de lesa humanidad, como el Estatuto de Roma, el texto fundacional de la Corte Penal Internacional, que establece determinados requisitos para este tipo de causas. Justo en la semana en que Chile conmemora los 45 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la Cámara de Diputados deberá pronunciarse sobre la acusación, la cual ha provocado un enfrentamiento inédito entre el poder legislativo y el judicial, que considera que está en juego la vigencia del Estado de Derecho y la autonomía de los magistrados. La votación se celebrará el próximo viernes y se dividirá en dos partes. Primero se revisará si la acusación cumple con los requisitos que establece la Constitución. De pasar esa etapa, para lo que la Oposición necesita una mayoría simple, los diputados deberán votar si la declaran admisible. Posteriormente, pasaría al Senado, que tendrá la última palabra. Los jueces no desconocen la facultad del Parlamento para acusarlos constitucionalmente y buscar su destitución en caso de notable abandono de deberes. Como precedente está el de 16 años antes, sobre que el juez Hernán Cereceda -operador de Pinochet en la Corte Suprema- se convirtió en el único magistrado destituido desde la llegada de la democracia. Pero creen que, en este caso, lo que los parlamentarios buscan es cuestionar los fundamentos del fallo. "El ejercicio de la jurisdicción fue confiado de manera exclusiva y excluyente a los tribunales establecidos por la ley. Por ello, ni el Presidente ni el Congreso pueden, en caso alguno, revisar los fundamentos o el contenido de sus resoluciones", señaló el magistrado Sergio Muñoz, presidente subrogante de la Corte Suprema, que en 2005 pidió el desafuero de Pinochet en el marco de la investigación por las cuentas secretas del dictador en el Banco Riggs. Los parlamentarios que promueven la acusación constitucional a los jueces pertenecen al Frente Amplio de izquierda y la Nueva Mayoría de centroizquierda, el disuelto conglomerado de Michelle Bachelet que abarcaba de democristianos a comunistas. Consideran que el fallo de la Corte Suprema que permitió la libertad condicional a violadores de los derechos humanos es aberrante y que los jueces de la Sala Penal obviaron las normas de la comunidad internacional. "La jurisprudencia internacional, a la que le ley chilena está subordinada, establece claramente los estándares para dar beneficios carcelarios a genocidas, criminales de guerra o de lesa humanidad", explica la diputada Carmen Hertz, portavoz del grupo de parlamentarios que presentó la acusación. "En primer lugar, que la pena sea proporcional a la gravedad del delito de cometieron, lo que en estos sujetos no se da. Apenas un puñado de criminales de lesa humanidad en Chile tienen una pena proporcional a las brutalidades que cometieron. En segundo lugar, que hayan cumplido dos tercios de la pena. En tercer lugar, que hayan cooperado desde sus inicios y en forma continuada con la acción de la Justicia". añade. Según el Estatuto de Roma, añade Hertz, deben entregar antecedentes relevantes para desbaratar la organización criminal a la que pertenecieron. "Y ese requisito ninguno de estos siete violadores de los derechos lo cumple", indica. Para la Corte Suprema, el citado Estatuto solo hace mención a la rebaja de las condenas respecto de las sanciones impuestas por la propia Corte Penal Internacional. Y, argumenta, si Chile quisiera negar las libertades condicionales a los violadores de los derechos humanos, debería adecuar su propia legislación. Los jueces que podrían ser destituidos son Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, todos ellos integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema que otorgó los beneficios hace poco más de un mes. La decisión del máximo tribunal del país se produjo pese a la resolución previa de un equipo especializado -la comisión de libertad condicional-, que había considerado que los informes psicológicos no acreditaban ni corrección ni rehabilitación. Entre los beneficiados por la libertad condicional está Gamaliel Soto, suboficial de Carabineros en retiro, condenado a 10 años y un día por el secuestro calificado en 1974 de Eduardo González, de 31 años, director del hospital de Cunco (sur de Chile). También Moisés Retamal, ex coronel del Ejército, condenado a seis años de cárcel por el secuestro de tres ciudadanos uruguayos en 1973. La comisión especialista le había negado el beneficio porque Retamal, según el informe de Gendarmería, tiene insuficiente o inexistente conciencia del delito y del daño ocasionado validando o justificando conductas delictuales, entre otros aspectos negativos de su personalidad. Otro de los beneficiados es el ex brigadista del Ejército Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años y un día como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte, la comitiva de militares que recorrió el país en helicóptero Puma y que asesinó a 90 personas en diferentes ciudades. -- México