Circuló por redes sociales primero y luego fue retomado por medios de comunicación en San Luis Potosí, las denuncias públicas que hicieron dos trabajadoras del Ayuntamiento presidido por Xavier Nava, por el probable acoso sexual, discriminación y hostigamiento laboral en contra del Director Municipal del Deporte. Las ex empleadas denunciaron en un escrito publicado en Facebook que, al hacer del conocimiento de estos hechos a las autoridades municipales, a través de Puerta Violencia, oficina del gobierno municipal para atender y acompañar los casos de violencia contra las mujeres, les negaron el apoyo, aduciendo conflicto de intereses, porque el denunciado era funcionario del ayuntamiento, se excusaron aduciendo que era un tema de carácter laboral. Ante la insistencia, se les abrió un expediente por parte de la Instancia Municipal de la Mujer, además de que tuvo conocimiento la Dirección de Derechos Humanos del mismo municipio y también el denunciado. En el documento de denuncia pública que hicieron las afectadas, mencionan que después de estos hechos y de filtrar sus datos a la persona que las había agredido las despidieron injustificadamente. Las oficinas denominadas Instancias Municipales de la Mujer, son oficinas creadas en casi todos los ayuntamientos de la entidad, destinadas a construir y diseñar la estrategia de políticas públicas para disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. En tanto que Puerta Violeta es un replica al proyecto de atención a la mujer implementado en Nuevo León, que es modelo similar a los Centro de Justicia para las Mujeres, pero solo con el acompañamiento, pues no tienen la capacidad jurídica para la representación legal de la víctima. Estas dos instancias creadas por el Ayuntamiento, han sido de poca o nula utilidad. Puerta Violeta hasta hace poco parecía un modelo pertinente sobre todo en un municipio número 7 del país en donde más muertes violentas de mujeres se han registrado. Si bien es cierto, Puerta Violeta abrió una brecha interesante para apoyar y acompañar a las mujeres capitalinas que viven violencia familiar, lo cierto es que no tiene los elementos y el fundamento legal para dar el acompañamiento integral que requiere una mujer, prácticamente sus acciones se empalman con las que realiza el Centro de Justicia para las Mujeres que, éste si cuenta con La Ley del Centro de Justicia para Mujeres de San Luis Potosí,  además de que es una política pública emanada del Sistema Nacional de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En lo relativo a la Instancia Municipal de la Mujer durante la gestión de Xavier Nava, el máximo de los logros que tuvo fue haber enganchado como su directora a una joven mujer integrante de una organización civil, defensora de derechos humanos de las juventudes. El gobierno municipal optó por sumar en sus filas laborales a activistas, defensoras de derechos humanos y egresadas de posgrados de derechos humanos para los diferentes cargos públicos, relacionados con la atención a las necesidades de las mujeres. En un principio fue una medida que aplaudimos, sobre todo porque pensamos que mujeres feministas dentro de la administración de gobierno iba a sumar en beneficio de las más vulnerables. Pero no fue así. Ya sea porque las activistas y feministas no pudieron con el engranaje administrativo de la función pública, ya sea porque estaban limitadas por las atribuciones que les confieren los cargos públicos, ya sea porque solaparon las gestiones de gobierno en turno. Hayan sido cualesquiera las razones que limitaron el trabajo o las inacciones, lo cierto es que evitaron el acceso a los derechos humanos de mujeres, en este caso sus propias compañeras de trabajo. Asimismo, deja en riesgo la percepción de que es ineficiente el trabajo de activistas, defensoras de derechos humanos y académicas, dentro de la administración pública. Engancharlas no debió ser una estrategia para ponerlas del lado del gobernante, sino una acción afirmativa para que con sus contribuciones se mejoraran las condiciones de vida de miles de mujeres de la capital potosina.  Hay casos exitosos donde gobiernos han sumado a activistas y han tenido logros muy favorecedores para las personas vulnerables. Entre ellos, la Comisionada de Atención a Víctimas de Chihuahua, defensora de derechos humanos de las mujeres, emanada de una asociación civil, fue contratada por el gobierno de Javier Corral. Ella, como parte de sus primeras acciones fue sumar a los grupos feministas y defensoras de derechos humanos para tomar decisiones conjuntas, lo que le sumo muy buenos puntos al mandatario de aquella entidad. Si ese fue el ejemplo que tomó Xavier Nava Palacios algo hizo mal, obviamente copió algunas de las estrategias del panista Corral, pero no le resultó con el mismo efecto. Lo que hizo inadecuadamente la administración municipal es no dejarlas trabajar, o permitir que la burocracia absorbiese los buenos deseos de las activistas y defensoras de derechos humanos. Entendemos que las activistas en ningún momento estaban en búsqueda de un trabajo en la administración pública, y que las movía favorecer y apoyar a quienes menos tienen y están en desventaja. Pero no lo lograron, el propio alcalde en una declaración sobre las dos mujeres que denunciaron el acoso y violencia por parte del Director de Deporte, dijo que no lo separaría del cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones “porque él es un buen trabajador” Desde estos enfoques, debemos reflexionar, sobre los derechos vulnerados de las trabajadoras y sobre la incorporación de activistas y feministas en la administración pública, porque no puede ser sólo utilizada para simular que se tiene perspectiva de género, cuando en los hechos no la hay.