Los diputados locales, entre el último trimestre de 2015 y este 2018, habrían desviado alrededor de 2.2 millones de pesos de recursos del Congreso del Estado, que debieron haber ido dirigidos a la capacitación de legisladores, sin embargo, se presentaron facturas de empresas “fantasma” para comprobar estos gastos, sin que se hayan efectuado dichas capacitaciones, de acuerdo a una investigación de la organización Ciudadanos Observando. La mayoría de los diputados estarían involucrados en este nuevo fraude en el Poder Legislativo, entre los que destacan nombres como el de Dulcelina Sánchez de Lira, José Belmárez Herrera, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Juan Alejandro Méndez Zavala y Ricardo García Melo. Se estima que cada diputado habría desviado alrededor de 85 mil pesos de recursos para capacitaciones. El vocero de Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias, explicó que detectaron tres empresas “fantasma” que los legisladores utilizan para comprobar gastos en capacitación. La primera de ellas es Gimher Consultores, con domicilio fiscal en Jacarandas 1154, en donde únicamente se encuentra una vivienda particular y no hay instalada ninguna empresa. En esta empresa, la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas dice haber recibido una capacitación en “Actualización Constitucional”. Otra empresa identificada es Servicios Corporativos Integrales Jumeirah, con domicilio fiscal en la calle Hierro 110, colonia San José Obrero en la ciudad de León, Guanajuato. Al visitar el domicilio, integrantes de Ciudadanos Observando se percataron que era una vivienda color morado, en donde dijeron no conocer dicha empresa ni otorgar servicios de capacitación. Esta empresa supuestamente le habría dado cursos de capacitación al diputado Juan Alejandro Méndez Zavala en “Modificaciones Constitucionales y su Impacto en Derechos Ciudadanos”, al diputado José Belmárez Herrera en “Reformas en materia de Derechos Laborales” y a Ricardo García Melo en “Educación y Derechos Humanos”. La tercera empresa detectada como “fantasma” es Consultores y Asociados Aranher, con domicilio fiscal en Melchor Ocampo 1490, interior 304, en la colonia Burócrata. Este domicilio es también una casa particular donde vive un joven. En esta supuesta empresa, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira facturó 40 mil 950 pesos por un Diplomado en Derechos Humanos. Este mismo domicilio fiscal es usado por otras tres empresas que le han facturado a esta misma diputada, por la supuesta compra de materiales de construcción. Estas empresas aparecen también facturando al Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, el cual es encabezado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), del cual también es emanada Dulcelina Sánchez. OBSERVÓ ASE 1.3 MDP EN CAPACITACIONES

En la cuenta pública 2017 del Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado (ASE) hace una observación al Poder Legislativo, debido a que se gastaron 1 millón 297 mil 687 pesos en cursos de capacitación, cuyos objetivos no están justificados ni tampoco se informa de los nombres de los funcionarios beneficiarios de dichas capacitaciones. La ASE auditó una muestra de 1 millón 735 mil 199 pesos en gastos de estos cursos, es decir que se observó el 75 por ciento del total del recurso auditado. CONFIRMÓ LA ASE APOYOS SOCIALES “FANTASMA”

La cuenta pública 2017 también reporta un probable daño al erario por 175 mil 774 pesos de recursos de la partida de Gestoría Institucional, debido a que se revisó una muestra de 72 supuestos beneficiarios de apoyos sociales entregados por diputados, de los cuales 26 aceptaron haber recibido el apoyo, 30 lo negaron y 16 no pudieron ser localizados. Estas observaciones obligaron a los legisladores a devolver 501 mil 768 pesos a las arcas públicas, sin embargo, faltan por comprobar 175 mil 774 pesos; cabe mencionar que la ASE solo auditó el 6.8 por ciento de los recursos de esta partida. González Covarrubias recordó que la organización Ciudadanos Observando señaló desvíos por 30 millones de pesos en Gestoría Institucional, es decir una cifra 170 veces mayor que la observada por la Auditoría; esto se debe a que los 30 millones corresponden al periodo que va del último trimestre de 2015 al cierre de 2017, mientras que la auditoría de la ASE solo es del 2017, aunado a que la cuenta pública solo contempla una pequeña muestra del recurso observado. EXIGEN AUDITORÍA A GESTORÍA DE DIPUTADOS

El activista mencionó que la ASE tiene la obligación legal de realizar una auditoría al 100 por ciento de los recursos de gestoría institucional, toda vez que hay alrededor de 10 denuncias ciudadanas interpuestas ante este órgano fiscalizador, por parte de ciudadanos que fueron víctimas de los supuestos fraudes de los legisladores y de no llevarse a cabo dicha auditoría, estarán presionando para que se destituya a Rocío Elizabeth Cervantes Salgado como Auditora y se le inicien juicios políticos por encubrimiento. La cuenta pública 2017 también reporta que uno de los 68 proveedores a los que se les compraron apoyos sociales por parte del Congreso, está registrado en el listado de contribuyentes incumplidos por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por lo que fueron ilegales las compras por 239 mil 098 pesos que se le realizaron a dicho proveedor. También informa que se les enviaron cartas a los 68 proveedores, para corroborar que estaban prestando servicios al Congreso del Estado y 22 de estos confirmaron tener operaciones en el ente auditable y 24 no fueron localizados en el domicilio fiscal y por tanto no les llegó la correspondencia o sí la recibieron, pero no enviaron respuesta. También se visitaron físicamente los domicilios de 40 proveedores y se encontró que 21 no fueron ubicados en el domicilio fiscal.