Editorial EL UNIVERSAL / ¿Es realmente caro el precio de la gasolina?

Para responder a esta pregunta nos tenemos que remontar al 27 de diciembre de 2016, año en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto en el que se ajustaban al alza (gasolinazo) las cuotas aplicables a los combustibles automotrices a partir del 1 de enero de 2017, las cuales se ubicaron en 4.30 pesos por litro para la Gasolina Magna y de 3.64 pesos por litro para la Premium. Para este año se incrementó a 4.81 para la Magna a 4.06 la Premium. A fines del año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado en el que se establece que se modificaría el esquema de estímulos semanales al IEPS sobre gasolinas y diésel que se venía aplicando desde 2017, consistente en que los consumidores absorberían la totalidad de los costos de la gasolina de referencia, establecidos para los expendedores de la misma a lo largo del territorio nacional. Lo anterior, bajo el argumento de que estos precios no tengan aumentos en términos reales derivado de la actualización de la inflación. Estos precios de referencia de la gasolina y el diésel se determinan conforme a las siguientes variables: el promedio de las cotizaciones altas y bajas diarias disponibles para cada día de dos días anteriores, ajuste por calidad del combustible, basado en ajustes por octano y presión de vapor en el caso de la gasolina, y de logística que aplica al combustible, determinado como la suma del Costo de Logística y Almacenamiento (LA), el cual considera el costo de transporte y de importación de combustible y Costo de Distribución (CD) de Pemex con los expendedores y distribuidores para cada tipo de combustible, esto, aplicable a cada una de las regiones; margen comercial para el combustible para las estaciones de servicio de combustible, cuotas del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), y otros impuestos. En términos, prácticos y a manera de ejemplo, el año pasado el precio máximo de la Magna fue de 19.47 pesos. Este correspondía al precio de referencia a 7.70 por litro; el margen a 2.23, los IEPS a 4.59 pesos, y otros conceptos a 4.95 pesos. Eso significa que el gobierno está absorbiendo de impuestos 11.70 por cada litro de gasolina. Además, si le sumamos que para este año estimó un IEPS total de 4.81 por cada litro –que representa un incremento de 4.8% respecto a 2018- entonces la situación se agrava aún más. En términos porcentuales, el precio de referencia de la gasolina importada para finales de diciembre del año pasado representaba 35.4% (6.73 pesos por litro), de distribución y mercadeo el 24.2% (4.59 pesos), y de impuestos 40.4% (7.68 pesos); lo que representa un aumento de 18.82% respecto a enero de 2018, el cual nos lleva a determinar que el costo principal lo absorben los impuestos y en menor medida el precio de la gasolina. Es importante señalar también que el componente de la gasolina Magna relacionado con otros impuestos corresponde al IEPS federal con 2.21 pesos por litro, IEPS estatal con 0.41 pesos, IEPS a la contaminación con 0.12 pesos y el IVA con 2.28 pesos. En términos de finanzas públicas, el IEPS de la gasolina para este año representa para el gobierno una recaudación de 269 mil 301 millones de pesos que, en términos comparativos con respecto a los tabacos, 6.3 veces respecto a la gasolina, las bebidas alcohólicas 16.4 veces y qué decir de los juegos con apuestas y sorteos: 90.6 veces. De acuerdo con la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, los impuestos representan 56.7% del total de ingresos que piensa recibir el gobierno federal, de los cuales, el concepto de IEPS representa 13.2% del total de los ingresos percibidos. Es importante señalar también que el IEPS aplicable a combustibles automotrices representa 61.4% del total de los IEPS. Basta recordar que en 2012 con 432 pesos se llenaba un tanque de magna de un carro compacto y para 2018 con 800 pesos. La explicación obedece a que en el último sexenio, el incremento acumulado del precio de la gasolina fue de 75.76% por encima de la inflación, que fue de 27.26% y del gobierno de Felipe Calderón que sumo en 6 años, un aumento acumulado de 60.39%. Observamos entonces que, en términos financieros, el precio de la gasolina Magna no representa un precio muy alto. Más bien lo que provoca que se venda a un precio superior a 20 pesos son los impuestos y, en segundo lugar, los costos de almacenamiento, distribución y logística. Desde la lógica gubernamental esto obedece a que en los últimos años el precio de la gasolina a nivel internacional se ha visto castigado a la baja, lo que ha obligado a tener que compensarlo incrementando los impuestos. Asimismo, desde hace algunos años, Pemex la principal empresa mexicana ha venido disminuyendo su nivel de exportaciones. En 2010 se exportaban 496 mil 596 y para 2018 solamente 432 mil 215 barriles. Recordemos que la caída en las exportaciones en parte tiene que ver con los problemas financieros y de operación de la empresa para mantenerse en el mercado. De hecho, durante 2019 los precios promedio por litro de la gasolina Magna prácticamente se mantuvieron en el rango de 19 a 20 pesos. Sin embargo, con la aprobación de la ley de Impuestos Especiales sobre producción y Servicios (IEPS) a finales del año pasado y con base en el factor de actualización aplicable para 2020 del IEPS -que es de 1.0297- la cuota para la Magna pasará de 4.57 pesos a 4.95 pesos por litro; para la Premium de 4.060 a 4.18 pesos por litro, por lo que se espera un incremento del precio final de la gasolina. Finalmente, es importante señalar que, aunque el precio promedio del barril se fijó para este año en 49 dólares por barril de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2020, el reciente acontecimiento de un posible conflicto bélico a nivel internacional implicaría el aumento en el precio de la mezcla mexicana y por consiguiente mayores ingresos para el gobierno federal. OPINIÓN/ ¿Reforma electoral? En México las elecciones funcionan. Han sido el camino pacífico para construir una democracia. Las formas son perfectibles, ¡claro! Pero por qué el afán de destruir en lugar de mejorar lo que ya tenemos. La Reforma electoral que se está planteando, ¡podría significar un grave retroceso democrático para nuestro país! Las reformas a los ordenamientos jurídicos son procesos de actualización de las normas, que se llevan a cabo en todos los Estados de derecho democráticos. Reformar significa innovar, cambiar o darle una nueva forma a algo. Sin embargo, esas “nuevas formas” no siempre son positivas.

El derecho mexicano no está exento de este fenómeno, y mucho menos por lo que se refiere a la legislación electoral. Esto es así, porque las normas que regulan la actividad política del Estado y de la sociedad, deben estar en constante movimiento ante los cambios estructurales que se dan a su alrededor. Esto, indudablemente, se refleja en los esfuerzos de los ciudadanos por alcanzar estándares de vida cada vez mejores dentro de una convivencia pacífica y democrática.

Las instituciones electorales han cumplido funciones indispensables para el Estado mexicano. Tienen el mandato de garantizar una democracia sana. Obviar su papel dentro de la historia, sería negar que hayan sido actores fundamentales durante la transición democrática. 

En los noventas en México se avanzó, como nunca antes, en temas electorales. Las votaciones y los procesos anteriores urgían de cambios de fondo. Así, se creó el Instituto Federal Electoral, como un órgano constitucional autónomo. Además, inició la fiscalización de los recursos de los partidos políticos con distintos mecanismos de auditorías.  

Entonces, fue evidente la creciente lucha de los ciudadanos por alcanzar la consolidación y el fortalecimiento de un Estado democrático, donde los ideales de los individuos se vieran respaldados por normas que garantizaran plenamente sus anhelos. Algunos años después el IFE dio paso al INE y el sistema nacional electoral se redefinió. Las Reformas electorales que nos han tocado vivir, han sido impulsadas por la oposición y la sociedad civil y negociadas con el gobierno para poder procesar los reclamos de pluralidad y equidad en las contiendas. La construcción de condiciones equitativas para éstas, ha sido fruto de un largo proceso de trabajo y reglas de operación. El tema electoral puede ser perfectible, de eso no hay duda. Sin embargo, establecer como criterio rector de esta Reforma “que las elecciones y la democracia nos cuestan mucho”, es no hacerse cargo del papel que juegan dentro de la convivencia y la paz social. Por supuesto que pueden hacerse ahorros, pero no a costa de lo más importante. Los problemas surgidos a raíz de procesos no democráticos, sin duda nos costarían más. Además, creemos que más que perfeccionar, el gobierno de Morena pretende capturar o controlar al órgano electoral para tomar “la sartén por el mango”. El momento que estamos viviendo es adecuado para hacer un balance sobre nuestro modelo electoral, para ver qué está funcionando y qué se está quedando por debajo de las expectativas. La Reforma es necesaria para mejorar los procesos, pero la autonomía de la autoridad electoral debe existir para que sea capaz de ofrecer garantías de imparcialidad a todos. Centralizar el poder no es la solución. Nuestro trabajo,entonces, será defender que los alcances y logros de esta modificación, no vulneren nuestra soberanía.

Frentes Políticos 1.  Solidez histórica. El grupo parlamentario de Encuentro Social anunció la reincorporación de Fernando Manzanilla, quien fue designado vicecoordinador de la bancada de Encuentro Social en la Cámara de Diputados. El PES se definió como un promotor y defensor de los derechos sociales. Y habrá que seguir de cerca en el segundo periodo de sesiones tanto a Manzanilla como a Jorge Argüelles, coordinador de la bancada. En este primer periodo del segundo año, el PES logró 135% más en aprobación de iniciativas respecto del primer año legislativo. No debe pasar inadvertido el gran gesto político de Adriana Lozano al ceder la posición a un político con la experiencia de Manzanilla. Unidad y fuerza a toda prueba. Y todo esto, en beneficio de la Cuarta Transformación. Manzanilla-Argüelles, vaya dúo. 2. Insistente. Porfirio Muñoz Ledo no quita el dedo del renglón. No le pareció la manera de tratar a los migrantes en la frontera sur y analiza la postura gubernamental y muestra su desacuerdo: “La responsable del tema migratorio es la Secretaría de Gobernación”. Y al referirse al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, advirtió: “Esta persona, a la que nunca he mencionado por nombre, es una cuña, así le llamo, lo contrataron por lo que sabe hacer. No lo critico como persona, nada más que es una tarea muy ingrata que implica violación a los derechos humanos”. En cambio, confirmó la buena relación con el subsecretario Alejandro Encinas, quien, dijo, está de acuerdo en lo que se dice y hace. Claridad la de Muñoz Ledo, quien, además, confesó que su corazón se aleja de Morena. 3. Transparentes. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, llamó al Poder Legislativo a establecer reglas claras para la autoridad electoral en materia de consulta popular y revocación de mandato, e insistió en la designación de nuevos consejeros electorales que generen confianza y credibilidad para los comicios de 2021. Apuntó que hay muchas decisiones del Consejo General del INE que requieren al menos ocho de 11 votos, como la designación de consejeros electorales locales y la facultad de removerlos si incumplen con sus funciones. Por cierto, esto lo puntualiza el mismo día en el que un juez permite que Edmundo Jacobo Molina, secretario del INE, mantenga un salario mayor que el del Presidente (108 mil pesos mensuales), ya que tramitó un amparo con el que busca que a su salario no se le mueva ni un centavo. Qué tal. 4. Menos mal. Ante la fuga de integrantes del Cártel del Pacífico, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, expresó que esta organización no ha tenido un crecimiento desproporcionado, sino que existe un reacomodo e inestabilidad en las alianzas de los cárteles en el país. Afirmó que no solamente hay un mapeo de las organizaciones y cárteles que predominan en el país, sino también de sus liderazgos. Sostuvo que toda esa información debe “judicializarse”, debido a que debe probarse de manera legal para evitar la liberación de criminales y combatir el crimen. Si en realidad las labores de inteligencia hicieran lo suyo, la fuga de tres presos en el Reclusorio Sur se habría detectado a tiempo. Bueno, si de un túnel no se dieron cuenta... El cártel no crece, su poder de convencimiento sí. 5. Desalmados. Este viernes concluirán en el Congreso de Jalisco las mesas de diálogo de la Ley de Personas Desaparecidas, presentada por el gobernador Enrique Alfaro, en octubre de 2019. Sin embargo, no han tenido los resultados que se esperaban. Familiares de personas desaparecidas acusaron a diputados de simular interés y compromiso con quienes viven la problemática, por su ausencia en las mesas de diálogo. Esperanza Chávez Cárdenas, integrante del colectivo Por Amor a Ellos, les dijo: “Somos 500 familias en el colectivo y nadie ha encontrado a su familiar. Les digo a los diputados que no quieren salir, que salgan a dar la cara porque a la hora de hacer su trabajo, no saben cómo hacerlo”, reclamó. Una pizca de humanidad, por favor.