La titular del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES), Gloria Serrato Sánchez, explicó que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres no necesariamente refleja los niveles de violencia que existen en una entidad, sino que se trata de un mecanismo federal que evalúa si las autoridades están implementando acciones contundentes para atender y prevenir este problema.

La funcionaria detalló que corresponde al Gobierno Federal determinar si la alerta debe mantenerse o levantarse, por lo que el estado se mantiene a la espera de las instrucciones que emita la federación sobre el seguimiento que deberá darse a esta declaratoria.

Entre estas medidas se encuentran la vigilancia especializada para mujeres por parte de la Guardia Civil Estatal, la atención a través de módulos especializados, la operación del Banco Estatal de Información con datos estadísticos sobre violencia de género, la elaboración de diagnósticos sobre distintos tipos de violencia, así como estrategias educativas dirigidas a infancias y docentes, además de una campaña permanente de comunicación para prevenir la violencia contra las mujeres.

Serrato Sánchez recordó que cuando la alerta fue instaurada en 2017, su propósito era obligar a las autoridades a implementar acciones que en su momento no se habían realizado para combatir la violencia de género. Sin embargo, explicó que actualmente muchas de estas medidas ya se encuentran institucionalizadas mediante decretos y acuerdos publicados en el Periódico Oficial del Estado, por lo que ya forman parte de las políticas públicas permanentes.

Ante este panorama, indicó que la federación analiza la posibilidad de levantar la alerta en la entidad, aunque aclaró que las acciones implementadas no podrán retirarse, ya que se han consolidado dentro de la estructura institucional del estado.

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Finalmente, la titular del IMES reiteró que la declaratoria de alerta de género es un mecanismo que busca que las instituciones de los tres niveles de gobierno trabajen de manera coordinada para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. En ese sentido, consideró que se trata de una herramienta necesaria para impulsar acciones a favor de las mujeres, pero que no debe interpretarse como un indicador directo de los niveles de violencia que enfrenta una entidad.