Esta semana no les alcanzará a las personas servidoras públicas del gobierno de Juan Manuel Carreras para concluir los temas pendientes y que van a heredar a la nueva administración. En las últimas semanas quieren llevar a cabo lo que no hicieron durante los últimos seis años, tal como convenios, investigaciones, cumplimientos, acuerdos, obras públicas. En el tema que revisamos en este espacio, el trabajo de las personas servidoras públicas para la disminución de las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, hemos encontrado que se enviaron en el último momento convenios para que sean firmados por diferentes autoridades, para para proyectos con organizaciones de la sociedad civil, queden encaminados para que el siguiente gobierno cumpla los compromisos que no les dio el tiempo para llevarlos a efecto.  En el último mes, el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES) ha firmado convenios de colaboración con diferentes organizaciones de la sociedad civil, sin que pase por un estudio previo, la importancia de dicho dichos convenios, es bien sabido que las prácticas relacionadas con firmar convenios se hacen para favorecer a grupos, amistades, familiares, y para simular.  Esta administración que concluye no fue la excepción, y en el tema concreto del cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género (AVG) se firmaron convenios entre organismos de la sociedad civil, con el Instituto de las Mujeres, con el Centro de Justicia para las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), que no impactaron en la reducción y erradicación de la Violencia Feminicida. E incluso una persona y la organización RENACE, Capítulo San Luis, lograron un amparo que exige al gobierno de Carreras López, cumplir. El gobierno que se va, empezó con una aparente buena práctica de firmar la petición junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se decretara por parte de la Secretaría de Gobernación la Alerta de Violencia de Género. Se establecieron acuerdos con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, activistas, incluso mejorando las relaciones interinstitucionales entre la autoridad y as personas activistas, y que de alguna manera avalaron muchas de las acciones inoperantes que se implementaron para dar cumplimiento a la AVG.  En cuanto a los Centros de Justicia para las Mujeres, se construyeron dos centros adicionales a los dos que inauguró el exgobernador Fernando Toranzo (el de Rioverde y el de Matlapa), los espacios construidos durante la gestión de Juan Carreras López están en Matehuala y otro en esta ciudad. Se están convirtiendo en espacio bonitos pero desafortunadamente sin que se aterrice la estrategia de política pública en el apoyo y acompañamiento necesario, que requieren las mujeres cuando son víctimas de violencia. Estas obras y acciones no alcanzaron a detener en este sexenio las muertes violentas de mujeres, que con todo y la Alerta de Violencia de Género, hubo un aumento en el que cada año aproximadamente 20 mujeres fueron víctimas de feminicidio o tuvieron muertes violentas. muertes violentas. Las buenas prácticas gubernamentales, no llegaron a quienes verdaderamente los requerían. En materia de modificación a las leyes del marco regulatorio que promueve la igualdad entre hombres y mujeres, fueron prácticamente nulas, salvo en la modificación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, relacionado con la violencia digital. en un en una iniciativa que no alcanzó a dejar protegidas a las mujeres en lo relativo a la Ley Olimpia. La violencia contra las mujeres no es un juego ni debe ser una burla de quienes gobiernan, que lo utilizan para aprovechar la coyuntura y bajar recursos económicos de la Federación, esperamos que en el plan inicial de la administración que entra se tracen las estrategias y se diseñen las políticas públicas, que estén cimentadas en la realidad de las mujeres potosinas. Seis años después, el gobierno deja una deuda pendiente con las mujeres de las cuatro regiones del estado.