La American Society of Mexico lamentó la aprobación en el Senado de la República de la reforma a la ley que implica la pérdida de derechos políticos para ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad.

Una decisión de esta trascendencia se tomó sin consultar a los millones de mexicanos que podrían verse afectados y sin abrir un espacio de parlamento abierto para escuchar sus argumentos. El proceso deja fuera a quienes debieron ser parte central de la deliberación y contradice el avance hacia el reconocimiento y la protección efectiva de los derechos ciudadanos”, advirtió Larry Rubin, presidente de la AmSoc.

La preocupación aquí es que una propuesta de ley como la que se pretende no da a lugar a que verdaderamente millones de ciudadanos puedan participar en una contienda electoral.

Estamos hablando de 15 millones de ciudadanos en México, más los millones de migrantes y otros que viven fuera del país que quisieran que algún día quieran que sus hijos sirvan a México y se les está poniendo un alto innecesariamente”, agregó.

Rubin, quien asistió este martes al Senado para hacer un llamado a los legisladores en particular del bloque oficialista a la reflexión, aseguró que los 86 votos a favor de la reforma respondieron a una disciplina política malentendida, colocada por encima de los derechos de mexicanos comprometidos con su nación. La doble nacionalidad no cancela la identidad mexicana, la lealtad al país ni la participación de sus ciudadanos en la vida pública.

Se categoriza a ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y es discriminatorio e injusto catalogar de traidores a ciudadanos que tienen doble nacionalidad porque lo vemos hasta en el futbol, muchos jugadores tienen doble nacionalidad y juegan a favor de México y nadie ha cuestionado que si juegan contra el equipo contrario vayan a hacer algo para perjudicarlo”. 

La American Society of Mexico consideró que las diferencias de nacionalidad no deben convertirse en motivo para restringir derechos ni para presumir deslealtad de manera generalizada. Las medidas que afectan derechos fundamentales requieren deliberación pública, evidencia y un análisis proporcional de sus consecuencias.

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Con información de Excélsior