Un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió este martes a un tribunal federal de apelaciones que ponga fin a la investigación impulsada por el juez de distrito James Boasberg para determinar si funcionarios de la administración del presidente Donald Trump desobedecieron deliberadamente una orden judicial relacionada con la deportación de inmigrantes venezolanos a El Salvador.

Durante una audiencia oral de tres horas ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, el abogado del Departamento de Justicia, Brett Shumate, sostuvo que la investigación por desacato criminal iniciada por Boasberg era “ilegal, innecesaria e inútil”.

Shumate afirmó además que el juez había excedido las funciones propias de un tribunal al intentar investigar las decisiones adoptadas por funcionarios del poder ejecutivo.

El caso forma parte de un prolongado enfrentamiento entre la administración Trump y Boasberg, quien busca determinar qué ocurrió y por qué se realizaron vuelos de deportación mientras el tribunal analizaba de manera urgente la legalidad de esas expulsiones.

A principios de este año, un panel de tres jueces del Circuito de DC había bloqueado la investigación por desacato en una decisión dividida. Sin embargo, los 11 jueces titulares del tribunal intermedio posteriormente votaron a favor de revisar el caso.

Durante la audiencia del martes, algunos magistrados cuestionaron los argumentos del Departamento de Justicia. La jueza de circuito J. Michelle Childs, designada durante la presidencia de Joe Biden, sostuvo que Boasberg estaba realizando una investigación destinada a determinar “qué sucedió y por qué hubo una violación” de la orden judicial, tanto oral como escrita.

El conflicto surgió a partir de una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en representación de hombres venezolanos deportados por la administración Trump a El Salvador bajo la Ley de Extranjeros Enemigos, una legislación de 1798 que concede amplias facultades al presidente para detener y deportar a personas que no sean ciudadanas estadounidenses.

Los demandantes sostuvieron que la administración actuó ilegalmente al llevar a cabo las deportaciones. En medio del litigio, Boasberg emitió órdenes destinadas a detener los vuelos mientras examinaba la legalidad de las expulsiones.

El juez concluyó posteriormente que la administración parecía haber actuado “de mala fe” al organizar tres vuelos de deportación de manera apresurada mientras el tribunal llevaba a cabo procedimientos de emergencia.

Los venezolanos involucrados en el litigio fueron liberados posteriormente de una prisión en El Salvador y regresaron a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros mediado por Estados Unidos.

Durante la audiencia, el abogado de la ACLU, Lee Gelernt, defendió la investigación de Boasberg y argumentó que el juez estaba ejerciendo su autoridad para hacer cumplir las decisiones judiciales.

Gelernt afirmó que permitir que el poder ejecutivo ignorara una orden judicial tendría consecuencias para la relación entre los poderes del Estado. Según el abogado, no respetar la decisión del tribunal enviaría “un mensaje terrible” sobre la autoridad del poder judicial.

El tribunal de apelaciones deberá ahora determinar si Boasberg tiene facultades para continuar con la investigación por desacato o si, como sostiene el Departamento de Justicia, debe ponerle fin.

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Con información de Excélsior