Cada proceso electoral en Colombia parece librarse en dos frentes. El primero, el democrático, donde partidos, candidatos y ciudadanos compiten por el poder mediante las urnas. El segundo, mucho más oscuro, donde la violencia política sigue siendo una sombra persistente que amenaza con recordar que la democracia colombiana nunca ha terminado de reconciliarse con su pasado.

Los recientes episodios de violencia política, atentados y amenazas contra actores públicos vuelven a poner sobre la mesa una realidad incómoda: Colombia continúa siendo uno de los pocos países de América Latina donde una elección presidencial puede estar acompañada por el temor real a que la violencia altere el curso de la contienda. Aunque el país ha avanzado enormemente desde los años más sangrientos del conflicto armado, las heridas siguen abiertas y numerosos actores ilegales continúan ejerciendo influencia territorial, económica y política.

Lo preocupante es que este clima de tensión coincide con una creciente polarización ideológica. Después del experimento progresista encabezado por el actual gobierno de Gustavo Petro, sectores importantes de la sociedad colombiana parecen inclinarse hacia posiciones cada vez más conservadoras y de confrontación. La frustración por la inseguridad, el estancamiento económico y las dificultades de gobernabilidad ha generado el terreno fértil para discursos de mano dura que prometen soluciones rápidas a problemas estructurales.

La posibilidad de que una figura de ultraderecha llegue a la presidencia colombiana tendría implicaciones que trascienden las fronteras nacionales. Colombia no es cualquier país. Es la tercera economía más importante de América Latina, un aliado estratégico de Estados Unidos y uno de los principales contrapesos geopolíticos en una región donde conviven gobiernos de izquierda, centro derecha y modelos autoritarios.

Un eventual giro radical hacia la derecha podría redefinir el equilibrio político regional. No solo significa un rompimiento con las políticas impulsadas por Petro, sino también un reacomodo de alianzas internacionales, una política más agresiva en materia de seguridad y un endurecimiento frente a fenómenos migratorios, criminales y diplomáticos. En un continente donde las democracias enfrentan crecientes desafíos de legitimidad, la llegada de un liderazgo extremista podría alimentar aún más la lógica de la confrontación permanente.

Sin embargo, el verdadero riesgo no es únicamente quién gane la elección. El problema es que cada vez más países latinoamericanos parecen convencidos de que la solución a gobiernos decepcionantes consiste en elegir opciones aún más radicales. La región oscila entre proyectos que prometen refundaciones nacionales y movimientos que ofrecen restauraciones autoritarias, mientras las instituciones quedan atrapadas en medio de una guerra cultural interminable.

Colombia enfrenta hoy una prueba decisiva. Debe demostrar que puede procesar sus diferencias políticas sin recurrir a la violencia y sin sucumbir a la tentación de los extremos. Porque cuando las balas vuelven a aparecer en el debate público, la democracia deja de competir únicamente en las urnas y comienza a defender su propia supervivencia.

La historia colombiana debería haber enseñado ya el costo de esa lección.

POR JAVIER GARCÍA BEJOS

COLABORADOR

@JGARCIABEJOS