El Congreso español tumbó los dos decretos sobre vivienda impulsados por el gobierno del socialista Pedro Sánchez, asestando un duro golpe al Ejecutivo, mientras los manifestantes llamaban a intensificar las protestas.

"¡Vergüenza, vergüenza!", lanzaron al conocer el resultado las miles de personas concentradas en los alrededores del Congreso, entre llamados a una "huelga general".

El ministro de Derechos Sociales español, Pablo Bustinduy, afirmó que los diputados del Partido Popular (derecha), Vox (extrema derecha) y Junts (independentistas catalanes) se equivocaron "gravemente" y "pagarán este error político en las urnas".

Minutos antes, el primero de los decretos había sido rechazado por 178 votos en contra y 172 a favor. El texto había sido aprobado el martes por el gobierno de izquierda para hacer frente a la grave crisis de vivienda que afecta al país.

El segundo, que partía ya con menos posibilidades de prosperar, obtuvo 184 votos en contra y 166 a favor.

En una Cámara muy fragmentada, en la que el gobierno no tiene mayoría, tampoco bastó la intervención de última hora de Sánchez, que pidió la palabra minutos antes de la votación para instar a los diputados a ser "valientes".

"Les pido que estén a la altura de lo que la ciudadanía nos está pidiendo", indicó.

"Hay que lucharlo"

Miles de manifestantes llegados desde la céntrica Puerta del Sol, donde hace casi una semana se instaló una acampada para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda, siguieron la sesión desde el exterior.

"Se veía un poco venir, pero bueno, hay que lucharlo igualmente", dijo a la AFP David Llamas, un informático de 26 años que aún vive con sus padres porque no ha podido independizarse debido a los altos precios del alquiler.

Hay una desconexión irreparable entre lo que quiere la gente y lo que votan los partidos en un Congreso secuestrado", afirmó el Sindicato de Inquilinas, que convocó nuevas protestas este sábado en Madrid y decenas de otras ciudades en España.

El gobierno aprobó estos decretos en plena ola de protestas desatadas tras el desalojo la semana pasada de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que fue obligada a abandonar el piso donde vivía desde hacía siete décadas.

Los textos incluían, entre otras medidas, la renovación automática de los contratos de alquiler cuando vencieran y restricciones a los desalojos de inquilinos vulnerables. También apuntaban a los llamados "fondos buitre", entidades que adquieren inmuebles a bajo precio para maximizar su rentabilidad.

¿Elecciones adelantadas?

Ante la caída de los decretos, la oposición intensificó sus llamados para que Sánchez adelante las elecciones legislativas, previstas inicialmente para 2027.

"Cuanto antes sean las elecciones, mejor, pero que sean transparentes, que sean libres y que no haya trampas", afirmó el líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, en los pasillos del Congreso. Desde el entorno del Ejecutivo no se dieron señales de que esa posibilidad esté sobre la mesa.

La falta de vivienda asequible es desde hace años uno de los principales problemas sociales en España, pero las protestas cobraron fuerza tras el desahucio de Maricarmen Abascal, después de que su vivienda fuera adquirida por una empresa de inversión que pretendía subirle el alquiler un 275 por ciento.

El caso provocó acampadas de protesta en el centro de Madrid y otras ciudades y convirtió a la octogenaria en un símbolo de la crisis habitacional.

Según el Banco de España, el país, de unos 50 millones de habitantes, arrastra un déficit de unas 700.000 viviendas.

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Con información de Excélsior