La Legislatura está ante una decisión que no debería reducirse a elegir un nombre de una terna. La próxima elección del titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción representa una oportunidad para corregir el rumbo de una institución que, hasta ahora, no ha conseguido demostrar un desempeño siquiera aceptable frente a uno de los problemas que más lastiman la confianza pública: la corrupción.

La Comisión Primera de Justicia del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen con los perfiles propuestos por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona: Benjamín Pérez Álvarez, Jesús Iván Meza Galeana y Javier Ortiz Patiño. La responsabilidad de elegir corresponde ahora al Pleno Legislativo, que tendrá la obligación de mirar más allá de los currículums y preguntarse quién tiene la capacidad, la independencia y la voluntad de investigar a quienes ejercen el poder.

La fiscalía permanece sin titular desde la renuncia de Felipe Aurelio Torres Zúñiga, efectiva el 31 de marzo de 2026. Pero el problema no se resuelve ocupando una oficina vacía. Lo verdaderamente importante es que quien llegue convierta a esta institución en un órgano capaz de investigar, integrar expedientes sólidos y llevar ante la justicia a quienes hayan cometido actos de corrupción, sin importar su cargo, partido o cercanía con el gobierno.

Una Fiscalía Anticorrupción que no ofrece resultados visibles termina alimentando la sospecha de que combatir la corrupción es más un discurso político que una prioridad institucional. No basta con abrir carpetas, anunciar investigaciones o presentar estadísticas: la ciudadanía necesita conocer resultados verificables, procedimientos transparentes y sanciones cuando existan responsabilidades acreditadas que estén libres de revanchismos.

El Congreso tiene, por tanto, una responsabilidad que va más allá de cumplir un trámite constitucional. Debe garantizar que la elección no responda a cuotas políticas ni a acuerdos entre grupos de poder, sino a la idoneidad de los aspirantes y a su compromiso con la autonomía de la procuración de justicia.

San Luis Potosí no necesita un fiscal anticorrupción que proteja intereses ni que administre el descrédito de una institución debilitada. Necesita a alguien dispuesto a investigar incluso cuando los posibles responsables pertenezcan a las estructuras del poder.

La nueva designación será una prueba para el Congreso y para el propio sistema de justicia estatal. Si se elige a un perfil sin independencia ni resultados, la fiscalía seguirá siendo una promesa incumplida. Si se apuesta por capacidad, autonomía y rendición de cuentas, podría comenzar a recuperar la credibilidad perdida.

¡Hasta mañana!