Que 18 trabajadores del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí hayan sido separados de sus cargos por señalamientos de acoso, hostigamiento y abuso sexual contra estudiantes es una cifra que obliga a mirar más allá del anuncio administrativo.

Tres carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía, según informó el director general, Ricardo Daniel Centeno Trejo, confirman que los casos deben esclarecerse por la vía legal y que sean altamente, y repetimos altamente transparente su proceso.

La separación del personal puede ser una medida necesaria para proteger a la comunidad escolar, pero no sustituye las investigaciones ni garantiza, por sí sola, que las víctimas reciban justicia. También es indispensable que la institución informe con transparencia, resguarde la identidad de quienes denuncian y evite cualquier forma de represalia.

No hay que olvidar la reparación del daño, un aspecto que debe realizarse sí o sí, estamos hablando de menores de edad, que nunca debieron pasar por un problema y que por omisión, o incluso complicidad que ahora están marcados de por vida.