Nueve meses han transcurrido desde la creación por decreto de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas en San Luis Potosí y, hasta ahora, sigue sin contar con la estructura necesaria para operar plenamente. Es inadmisible que una institución creada para atender uno de los problemas más dolorosos que enfrenta la sociedad permanezca prácticamente en espera. Detrás de cada expediente hay familias que viven entre la angustia, la incertidumbre y la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Para ellas, los tiempos burocráticos no son una justificación, sino una carga que prolonga su sufrimiento. Se anunció una Fiscalía con áreas especializadas, personal y recursos para fortalecer las investigaciones y las labores de búsqueda. Sin embargo, los compromisos siguen sin traducirse en resultados concretos ¿De qué sirve publicar un decreto si no se garantiza el presupuesto ni las condiciones para hacerlo realidad?

Las familias buscadoras no necesitan más promesas ni reuniones sin fechas definidas. Necesitan agentes, investigadores, herramientas y una institución que responda. La desaparición de personas exige voluntad política, presupuesto y acciones inmediatas. Cada día de retraso representa una oportunidad perdida para avanzar en la búsqueda. La justicia no puede quedarse escrita en el Periódico Oficial.

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