Parecía que el escándalo del INE se quedaba en sus oficinas centrales. Pero los informes de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría Anticorrupción trajeron malas noticias: el problema tiene sucursales en los estados. Como ciertas enfermedades, no avisó y se extendió.

Según la titular de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, el eje de la red está en el grupo empresarial de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.

Su método era sencillo: varias de sus empresas concursaban a la vez por los mismos productos y servicios en los organismos locales, pactaban precios para simular competencia y se aseguraban de que ganara alguna de la familia. Pero según reportes oficiales, varias firmas carecían de maquinaria o nómina, se subcontrataban entre sí y usaban prestanombres.

Las cifras marean: entre 2015 y 2023, al menos 2 mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 organismos locales; en 2024 y 2025, ya con Guadalupe Taddei en el INE, otros 646.3 millones en 15 estados.

Lirio Guadalupe Suárez, expresidenta del instituto de Campeche, se negó a negociar con el empresario. Recibió llamadas de parte de la presidencia del INE para que reconsiderara, con amenaza de destitución incluida. Al denunciar, dijo que Taddei le sugirió privilegiar la negociación sobre la denuncia. Terminó removida.

En Puebla se revisa un contrato de 129.7 millones, de 2024, con una firma ligada a Hernández, en tanto que en Sonora se presumen irregularidades ligadas al entorno familiar de Taddei, bajo la gestión local de Nery Ruiz Arvizu. Y los organismos de Veracruz y Guerrero aparecen en todas las investigaciones.

Por eso las indagatorias se ampliaron para revisar 25 años de contratos, del 2000 al 2025. Por ahora, la UIF, de Omar Reyes, congeló cuentas a más de 20 personas, entre ellas Taddei, su hermano, un hijo y hasta su chofer. Aún no se sabe qué responsabilidades se les atribuyen.

Hubo rumores de que Taddei y Hernández habrían salido del país; la Presidenta Sheinbaum aseguró que siguen aquí. Eso sí, ninguno se ha presentado ante las autoridades y, desde Palacio Nacional, afirman que es cuestión de días para que la FGR, de Ernestina Godoy, abra carpetas de investigación.

Pero el primer daño colateral llegó: Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe, renunció como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Tarde, muy tarde, porque por más que Morena intenta deslindarse, la idea de que Taddei es producto del partido no se borra con renuncias.

Aunque sigue la estrategia y el control de los daños. Ayer, Sheinbaum pidió que ninguna de las empresas ligadas a esta red participe más en procesos o concursos con el gobierno, porque, dijo, constituyeron una mafia dentro de las instituciones. Palabras mayores que exigen pruebas.

Al final, la cuestión no es sólo quién se llevó los contratos, sino quién dejó que se los llevaran. Hasta ahora no hay acusaciones formales y la presunción de inocencia sigue en pie. Pero si las investigaciones llegan al fondo, el INE debe salir con cuentas claras y responsables ante la justicia: un país no puede votar con urnas, credenciales y boletas manchadas por dinero mal habido, ni contagiadas por un virus sin cura.

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POR COMODIDAD y falta de consensos, la Cámara de Diputados optó por mantener a Blanca Cruz como presidenta interina del INE.

En términos políticos, Morena se había puesto de plazo hasta el cierre del periodo ordinario (15 de diciembre) para intentar un acuerdo con la oposición; sin embargo, los esfuerzos de Ricardo Monreal han resultado infructuosos.

Quieren el apoyo del PRI y PAN, pero les dieron la orden de no ceder a chantajes y dejar que corra el tiempo, porque, en una de esas, Blanca se queda con todo el proceso electoral 2027 en las manos.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Lo peligroso de lo que no se ve es que, cuando se nota, ya está en todas partes”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

COLABORADOR

@ALFREDOLEZ