El fiscal federal del juicio a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner pidió el lunes una condena a 12 años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos tras acusarla de haber adjudicado de forma irregular decenas de obras viales a un empresario allegado. Al pedir la pena para la también exmandataria por los presuntos delitos de asociación ilícita y fraude al Estado durante su gobierno (2007-2015), el fiscal federal Diego Luciani dijo que “estamos ante la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. La fiscalía calculó la defraudación en alrededor de 1.000 millones de dólares. "Se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país", señaló el fiscal durante su alegato, transmitido en vivo por internet. La exmandataria ha negado los cargos y sostiene que el tribunal que la juzga desde hace tres años ya tiene “escrita y hasta firmada” la sentencia en su contra. Kirchner, de 69 años, acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Se estima que la sentencia de este caso se decidirá a fin de año. Luciani también pidió el decomiso de bienes involucrados en los delitos por un total de casi 1.000 millones de dólares y la inhabilitación perpetua de Fernández para ocupar cargos públicos.

La investigación busca establecer si Fernández y otros funcionarios de su gestión favorecieron a firmas del empresario Lázaro Báez al momento de licitar decenas de obras públicas en la Patagonia, muchas de las cuales podrían haber tenido sobreprecios o no habrían sido concluidas. Muchos expertos sospechan que los capitales supuestamente desviados habrían vuelto a manos de la familia Kirchner a través de sus empresas. "El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner", señaló la gestión del presidente Alberto Fernández a través de un comunicado. "Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado", añadió. La sentencia se conocerá en meses, según medios locales, aunque Fernández podría apelarla a tribunales superiores, lo que demoraría años el veredicto final. Sin embargo, una sentencia este año podría afectar las oportunidades del oficialismo de centroizquierda en los comicios presidenciales de fines de 2023. --

Con información de Heraldo de México