San Luis Potosí, SLP.- Aunque la inclusión laboral de personas con discapacidad ya contempla una obligación de contratación equivalente al 2 por ciento de la plantilla de los centros de trabajo, esta disposición todavía está lejos de cumplirse de manera generalizada, reconoció Teresa Galicia Saldaña, directora de Inclusión Laboral, quien advirtió que el principal reto no es solamente abrir plazas, sino transformar las condiciones de los espacios de trabajo para garantizar una verdadera igualdad de oportunidades. Explicó que las empresas deben establecer políticas de inclusión por escrito y aplicarlas en todos sus procesos, además de realizar los llamados ajustes razonables para que una persona con discapacidad pueda desempeñar sus funciones en condiciones de equidad y esto puede incluir desde adecuaciones físicas, como rampas, puertas y sanitarios accesibles, hasta modificaciones en la organización del trabajo y, sobre todo, cambios en la cultura interna de los centros laborales. Galicia Saldaña señaló que organizaciones civiles buscan que el porcentaje de contratación aumente del 2 al 5 por ciento, una medida que representaría un reto mayor para el sector privado y público, pero que consideró viable ante una población que envejece rápidamente y en la que cada vez más personas pueden adquirir alguna discapacidad a lo largo de su vida y advirtió que también existe una incidencia importante entre jóvenes que quedan con alguna discapacidad después de accidentes, particularmente relacionados con motocicletas, y que posteriormente enfrentan dificultades para reincorporarse al mercado laboral. La funcionaria sostuvo que mantener a las personas con discapacidad fuera del empleo no solamente representa un problema de derechos, sino también un impacto económico, debido a que mientras más tiempo permanezcan fuera del mercado laboral, mayor es la carga económica que debe asumir el resto de la sociedad y a ello se suma el envejecimiento de la población, por lo que consideró necesario que las empresas comiencen a anticiparse a las necesidades de trabajadores que con el paso de los años pueden requerir nuevas condiciones para continuar siendo productivos. Otro de los obstáculos, dijo, es que las empresas todavía suelen percibir la inclusión como un gasto adicional o una complicación, cuando en muchos casos las adecuaciones físicas no representan el mayor desafío y sostuvo que el verdadero cambio, está en combatir los prejuicios dentro de los equipos de trabajo y reconocer las capacidades de las personas con discapacidad: “Quien discapacita no es la persona que tiene la discapacidad, somos todo el entorno externo”, planteó, al señalar que las barreras sociales y laborales son las que terminan limitando el acceso al empleo y, con ello, al ejercicio de otros derechos.

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