La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a la jefa de la Administración de Control de Drogas (DEA), Anne Milgram, por otorgar indebidamente millones de dólares en contratos sin licitación para contratar a sus socios anteriores, así como aparente abuso de poder, de acuerdo con fuentes consultadas a la agencia AP. La pesquisa es por unos contratos con un valor de 4.7 millones de dólares donde Milgram contrató a al menos 12 personas cercanas a su círculo —que trabajaron con ella cuando fue la Fiscal General de Nueva York y docente de la Universidad de Nueva York— donde manejan inteligencia, análisis de datos, alcance comunitario y relaciones públicas, trabajo que a menudo requiere autorizaciones de seguridad y tradicionalmente lo realiza la propia fuerza laboral la DEA, que comprenden al menos 9 mil empleados. En caso de confirmarse las investigaciones contra Milgram, el Inspector General puede recomendar cualquier cosa, desde sanciones administrativas hasta enjuiciamiento penal de la directora de la DEA. La pesquisa se produce cuando el organismo está luchando con las repetidas revelaciones de mala conducta de los agentes que han sacudido a la agencia y la crisis de fentanilo que se cobra más de 100 mil muertes por sobredosis. Milgram había sido designada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como jefa de la DEA para "limpiar la casa", donde expulsó a varios funcionarios de carrera justamente por las pesquisas de las acciones de sus agentes, sin embargo, prefirió un consejo de abogados recién instalados y procesadores de datos que trabajan exclusivamente para ella. Ha mantenido una política de "tolerancia cero" con la conducta sexual inapropiada y el racismo en las filas, advirtiendo a los agentes que ahora pueden ser despedidos por ciertas primeras ofensas, una desviación de las administraciones anteriores. ¿En qué casos está envuelta la directora de la DEA? Varios de los empleados en cuestión se unieron a la DEA a través de The Clearing, un contratista federal con sede en Washington que proporciona servicios administrativos subcontratados a la DEA y otras agencias federales. Cobraron al menos 4.7 millones de dólares por "servicios de consultoría de comunicación y planificación estratégica" en los últimos dos años, mismos que representaron el 30% de sus contratos federales. Entre los investigados están Lena Hackett, ex miembro del personal del Congreso demócrata y fundadora de Community Solutions, una firma de consultoría de Indianápolis centrada en la salud pública y la justicia penal. Milgram la describió como su socia principal en un proyecto de reforma policial que estableció en Indianápolis mientras enseñaba en la Universidad de Nueva York. Los registros internos muestran que Hackett informa regularmente a las oficinas de campo, prepara declaraciones de políticas y memorandos para Milgram y se reúne con las familias afectadas por la crisis del fentanilo. Para sus servicios, la DEA presupuestó 257 dólares por hora, más del triple de salario que los principales funcionarios de la agencia, incluido el jefe de alcance comunitario. Otra de sus allegadas es Julia Pacetti, una publicista de la ciudad de Nueva York que ha dirigido campañas en los medios para figuras públicas y autores prominentes. Su firma JMP/Verdant recaudó 11 mil 500 dólares al mes para escribir comunicados de prensa, manejar solicitudes de entrevistas y organizar conferencias de prensa, trabajo que para algunos empleados de la DEA consideraron redundante dado el personal existente de relaciones públicas de la agencia. Otro contrato sin licitación bajo escrutinio fue para José Cordero, un oficial de policía de la ciudad de Nueva York desde hace mucho tiempo cuyos vínculos con Milgram se remontan a 2007 cuando, como fiscal general, lo nombró el primer director estatal de pandillas, armas y delitos violentos en Nueva Jersey. Menos de tres semanas después de asumir el puesto principal en la DEA, Milgram le otorgó a Cordero lo que se ha convertido en un contrato de casi 400 mil dólares para realizar análisis de datos de estadísticas delictivas. El trabajo de Cordero en vigilancia urbana tiene menos valor para la DEA, que procesa una avalancha de inteligencia de escuchas telefónicas nacionales y extranjeras, así como informantes, para desmantelar redes criminales transfronterizas. Además, también es investigada por haber gastado 1.4 millones de dólares en un bufete de abogados por una revisión reciente de las operaciones extranjeras plagadas de escándalos de la DEA, que fue realizada por Boyd Johnson, ex mano derecha de uno de los amigos más cercanos de Milgram, y que fue ampliamente criticado el informe por por dar poca importancia a la mala conducta de los agentes y cómo prevenirla. ¿Cuál ha sido la respuesta de la DEA? La agencia antidrogas fue consultada para la investigación de la agencia AP, pero se negaron a hacer comentarios, y prefirieron hacer un comunicado detallando que están laborando para combatir el consumo de drogas en Estados Unidos.  “La DEA ha actuado con urgencia para establecer una nueva visión, apuntar a las redes criminales globales responsables de cientos de miles de muertes de estadunidenses, crear conciencia pública sobre cómo una sola pastilla puede matar y promover y reclutar a cientos de personas de gran talento. Estos cambios se han realizado a través de un proceso extenso y de varias partes, y estamos comprometidos a garantizar que la DEA trabaje incansablemente para proteger la seguridad nacional, la protección y la salud del pueblo estadunidense”. 

-- Con información de Excélsior