Integrantes del Colectivo Praxis Combativa se manifestaron afuera del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para denunciar públicamente a un par de magistrados del Poder Judicial de la Federación que incurrieron en la violación de derechos humanos, de al menos seis estudiantes universitarios. Señalaron a los magistrados Edgar Humberto Muñoz y Dalila Quero Juárez sobre las nuevas sentencias donde afirman que la gratuidad de la educación superior comenzará a implementarse de manera gradual y progresiva en función de la suficiencia presupuestal a partir del ciclo 2022-2023. Indicaron que desde los juicios de 2019, 2020 y 2021 los ocho jueces federales y el Primer Tribunal Colegiado de San Luis Potosí coincidieron en que la educación superior debe ser gratuita; por lo que reprocharon ahora la postura que expresan los magistrados. Refirieron que los seis alumnos amparados para no pagar las mencionadas cuotas podrían ser dados de baja ya que no cuentan con el dinero necesario. También que hasta la fecha se han tramitado alrededor de 80 amparos de alumnos de diferentes instituciones educativas de San Luis Potosí que buscan la gratuidad de sus estudios. “Hasta ahora han obligado a que paguen seis alumnos de distintas facultades que no tienen los recursos y que probablemente la universidad los dé de baja, entonces esto implica una regresión a los derechos humanos y a los amparos que ya habíamos ganado desde el 2019; lo cierto es que si es muy abrupto el cambio de criterio que tuvieron porque ya teníamos un argumento bastante sólido en muchas sentencias, más de 50 o 60 y de repente cambian el discurso”, manifestaron.