Imagine usted que una mañana se despierta y, sin deberla ni temerla, dos agentes se presentan en su habitación para informarle que está bajo arresto. Lo fascinante -y profundamente angustiante- es que usted nunca se entera de qué se le acusa, quién lo acusa ni bajo qué ley está siendo juzgado. Eso es precisamente lo que le sucede a Josef K. en El proceso (1925), novela de Franz Kafka en la que el protagonista queda a merced de un caótico peregrinaje por tribunales oscuros, polvorientos y laberínticos instalados en vecindades, llenos de -faltaba más- jueces corruptos, abogados inútiles y una burocracia invisible que absorbe su vida.

Más allá de la trágica existencia del personaje, lo que exhibe esta pesadilla literaria es la descomposición de las instituciones públicas y lo peligroso que se antoja el futuro -ya no tan lejano- cuando trasladamos esta ficción al plano real. Nuestro árbitro electoral sufre hoy una crisis profunda que, aunque muchos parecen pasar por alto, nos involucra a todos; principalmente a nosotros, los ciudadanos que deberíamos tener certidumbre sobre las acciones del órgano garante de la democracia. Lo que atestiguamos hoy en nuestro sistema democrático no dista mucho de los pasillos polvorientos y absurdos descritos por Kafka. Según han advertido diversos analistas y hasta los propios consejeros críticos dentro del Consejo General, nos encontramos ante decisiones tomadas a puerta cerrada, dictámenes aplicados a conveniencia y simulaciones institucionales donde las explicaciones oficiales parecen escritas por los burócratas más grises de la novela. Con ello, la promesa de transparencia se desvanece tristemente entre tecnicismos y acuerdos que buscan más la supervivencia transexenal que la rendición de cuentas, dejando al votante en el papel de un espectador al que se le exige obediencia, pero se le niegan las razones.

Solo el tiempo dirá en qué acabará esto; lo cierto es que mientras las cúpulas partidistas y los operadores del sistema juegan sus cartas con la mira puesta en 2027, el árbitro electoral navega entre la complacencia y la inercia, perdiendo el piso que le daba legitimidad. Ahí radica el verdadero peligro y no podemos darnos el lujo de la apatía, ni mucho menos normalizar que la legalidad dependa de la coyuntura política o del peso de las influencias. Frente a este laberinto institucional, amable lector, la única salida real no vendrá de la buena voluntad de quienes despachan en oficinas climatizadas o gastan la nómina -que sale de la nuestra- con París a sus pies. No. La salida -romántica y lejana, si quiere- vendrá de la exigencia ciudadana, de preguntar, cuestionar y no tragar entero lo que se nos dicta. Una cosita más: no dejemos de preguntarnos en dónde está Guadalupe Taddei; eso sí, que no le pregunten a Vicente Fox, un viejo lobo de mar quien, apenas la oposición parece despertar después de 8 años, le da oxígeno puro al oficialismo en menos de dos segundos.