La reciente y abrumadora elección de una mayoría demócrata para el Congreso de Estados Unidos plantea un problema, simple pero difícil, para el gobierno mexicano. Eso de que el gobierno de México negocia con el presidente de Estados Unidos y no con el congreso resulta ahora más que nunca una gran equivocación histórica.

El ejecutivo estadounidense ciertamente es fuerte y ha servido como el conducto normal para la relación entre los dos países. A fin de cuentas, es algo que un gobierno presidencialista como el de México entiende perfectamente.

Pero la verdad sea dicha, muchas de las relaciones bilaterales pasan a través del Congreso de los EU, como teóricamente deberían pasar también por el Congreso mexicano.

De entrada, habría que recordar que el congreso estadunidense tiene lo que llaman "el poder de la bolsa" y eso determina qué políticas encuentran financiamiento, cuáles requieren su apoyo legal y qué convenios encuentran aprobación.

Durante la campaña por la aprobación del Tratado Norteamericano de Libre Comercio (TLCAN), el gobierno mexicano rompió con su costumbre e hizo un fuerte trabajo de cabildeo y de contratación de cabilderos, llámelos abrepuertas o intermediarios, en concierto con los gobiernos del republicano George H.W. Bush, primero, y del demócrata Bill Clinton después.

La idea de contratar cabilderos ha encontrado una continua oposición en México, pero así funciona el sistema estadounidense.

Y de hecho, el principal cabildero de ese país es el propio presidente, que interviene y negocia para impulsar las políticas que le interesan o cerrar el paso a lo que no le conviene.

Y ciertamente, por las características de la relación bilateral y las conveniencias de ambos gobiernos, en décadas anteriores el trato era entre mandatarios y poder ejecutivo.

Pero ambos países tienen, o tenían, un acuerdo no escrito de "aislar" problemas para evitar la "contaminación" del resto de la agenda. Eso no es tan claro con el gobierno del presidente Donald Trump.

Resulta difícil verlo intervenir en favor de México ante un congreso electo para confrontarlo. Y más complicado aún, tampoco parece dispuesto a abandonar sus propias políticas de presión sobre el gobierno mexicano solo porque sufrió una enorme derrota política.

A partir del 3 de enero de 2027, el Congreso estadounidense estará compuesto por una mayoría demócrata considerable en ambas cámaras: 259 a 176 en la Cámara baja, 56 a 44 en el Senado, y una presencia hispana no solo ya muy visible, sino también en crecimiento.

Es una oportunidad que el gobierno mexicano no puede, o no debiera, desaprovechar: tendría que invertir recursos en su relación con el Congreso, contratar cabilderos o desarrollar los propios a cargo de la Embajada en Washington para abrir puertas y comunicar las posiciones y los temas de interés para México.

Y de paso, por cierto, tratar de revivir las reuniones interparlamentarias.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

COLABORADOR

@CARRENOJOSE1