Naciones Unidas acusó al gobierno de Nicaragua de cometer “graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes contra la humanidad” en una investigación sobre la creciente represión a la disidencia política en la nación centroamericana. El gobierno de Daniel Ortega ha perseguido a sus opositores durante años en una campaña que alcanzó su punto de inflexión en las protestas antigubernamentales de 2018, que resultaron en una represión violenta por parte de las autoridades. Pero en el último año, la represión se ha extendido a grandes sectores de la sociedad con el objetivo de “incapacitar cualquier tipo de oposición en el largo plazo”, según un grupo independiente de expertos de la ONU que investigan la situación desde marzo de 2022. “Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, ya sea real o percibida”, indicó Jan Simon, un experto que dirigió la investigación, en un comunicado. “El gobierno ha solidificado una espiral de silencio que incapacita cualquier posible oposición”. Ortega ha repetido que las multitudinarias manifestaciones de 2018 fueron un golpe de Estado fallido orquestado por Estados Unidos y suele responder con el mismo argumento a las críticas. El Estado ha atacado a civiles, incluyendo estudiantes universitarios, indígenas, afroamericanos, así como a miembros de la Iglesia católica. Ahora persigue a menores y familiares por el simple hecho de estar relacionados con personas que alzaron su voz contra las autoridades. En diciembre, la policía acusó a la directoria del concurso de belleza Miss Nicaragua de un complot por el que habría manipulado la competencia contra las aspirantes partidarias del gobierno. En febrero, el gobierno cerró más grupos sociales, incluyendo la organización de scouts del país y un club rotario. De acuerdo con el reporte, la represión ha traspasado las fronteras del país y alcanzó a los cientos de miles de personas que huyeron de él, principalmente a Estados Unidos y Costa Rica. Cientos de nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad y ahora son apátridas, por lo que no pueden acceder a los derechos fundamentales. El informe de la ONU instó al gobierno de Ortega a poner en libertad a los ciudadanos detenidos “de forma arbitraria” y pidió a los líderes mundiales que amplíen las sanciones a “individuos e instituciones implicados en violaciones de los derechos humanos”. “Este informe presenta un trabajo bien documentado que por primera vez identifica a los principales responsables de abusos y crímenes de lesa humanidad” y “revela la estructura y la cadena de mando de la represión desde las instituciones del Estado”, declaró a AP el abogado Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial de Nicaragua. A su juicio, esa identificación precisa permitirá “llevar algún día al banquillo de los acusados” a los autores de graves violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Ortega. Morazán, quien fue forzado al exilio por denunciar al gobierno, destacó que el informe toca temas que no se habían abordado, como el hecho de que la represión se ha extendido a amplios sectores de la sociedad más allá de la disidencia política. “Incluso han perseguido, desterrado y criminalizado a sus propios adeptos”, como se observó “en la reciente purga del Poder Judicial” en la que decenas de funcionarios altos e intermedios fueron despedidos e incluso encarcelados, afirmó el jurista. En el mismo sentido se manifestó Gonzalo Carrión, director del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. El informe “le pone nombre y apellido, no sólo a la pareja de tiranos Daniel Ortega y (la vicepresidenta) Rosario Murillo, sino a todos los perpetradores” y esto “va en la línea del acceso a la justicia, de que los crímenes de lesa humanidad no queden en la impunidad”. Carrión agregó que los delitos cometidos incluyen el desplazamiento forzado de “cientos de miles de nicaragüenses” que han sido “obligados al exilio y al destierro” y los efectos que esto tiene sobre miles de niños “que han sido separados de sus padres” al no permitirles entrar o salir del país o que han sido privados de sus documentos de identidad. Con información de Latinus.