Hay nombres que se convierten en el espejo más incómodo y doloroso para un Estado. El de Zoé Zuleika es uno de ellos. Su caso encarna la radiografía perfecta de un mal sistémico que parece inmune al paso del tiempo: la ineficiencia crónica de las instituciones encargadas de procurar justicia en San Luis Potosí, un ente donde los nombres de los titulares cambian, pero los resultados son nulos.

Han transcurrido ya once años: dos sexenios gubernamentales y el desfile de tres fiscales por la Fiscalía General del Estado (FGE). En diciembre de 2015, el rostro de una pequeña niña de apenas cinco años inundó las redes sociales, las portadas de los diarios y los postes de las calles potosinas tras reportarse su desaparición. Hoy, a más de una década, su madre sigue habitando el mismo vacío, desconociendo por completo el paradero de su hija.

La numeralia política y los discursos de modernización institucional se estrellan de frente contra esta realidad. Las fiscalías en la entidad parecen haber permanecido en un letargo burocrático, en un ocio institucional que raya en la complicidad por omisión. Resulta inverosímil y éticamente insostenible que el aparato de inteligencia y de investigación de un estado no haya podido responder a una pregunta elemental: ¿dónde puede estar una niña de cinco años que fue arrebatada de su entorno?

A lo largo de estos once años se han tejido líneas de investigación que parecieron más distractores que certezas: que si estaba en Monterrey, que si había sido trasladada a los Estados Unidos. Sin embargo, los rumores nunca se transformaron en respuestas institucionales dignas ni en información fidedigna para su familia, particularmente para su madre, quien ante la parálisis oficial se vio obligada a convertirse en la principal y más persistente buscadora de la menor.

Hoy, la niña de cinco años que San Luis Potosí no supo proteger ya tiene 16 años. Está a las puertas de la mayoría de edad. Ante este panorama, la pregunta que nos sacude como sociedad es: ¿será acaso hasta su mayoría de edad, y por sus propios medios, cuando Zoé se reencuentre con su familia? ¿Tendrá que ser la propia víctima quien resuelva lo que el Estado omitió por incapacidad?

El rostro de Zoé Zuleika seguirá siendo el recordatorio permanente de una deuda hacia una familia, y una madre.

¡Hasta mañana!