Hay algo profundamente mexicano en convertir un simulacro nacional en una competencia de cronómetros y fotografías institucionales. “Desalojamos en dos minutos”, “participaron 88 mil personas”, “más de mil 400 inmuebles registrados”. Las cifras lucen impecables en boletines y redes sociales. El problema es que un desastre real no premia velocidad de evacuación; castiga improvisación, descoordinación y exceso de confianza. Y ahí es donde San Luis Potosí todavía tiene demasiadas grietas detrás del discurso oficial.

Sí, el estado avanzó. Duplicar la participación respecto a 2025 refleja mayor interés institucional y social. Pero el verdadero indicador no debería ser cuántas personas salieron de un edificio, sino cuántas organizaciones podrían seguir funcionando 24 horas después de una emergencia real. Esa conversación sigue ausente. Mientras en el Congreso celebraban desalojos “récord”, muchos potosinos se preguntaban algo más incómodo: ¿por qué varios legisladores ni siquiera estaban en sus oficinas? Y mientras algunas dependencias presumían orden y coordinación, en Palacio de Gobierno prácticamente no hubo una evacuación visible. Ahí aparece el gran problema de los mega simulacros: a veces terminan siendo más una coreografía administrativa que una prueba seria de continuidad operativa.

El contexto tampoco permite relajarse. San Luis Potosí ya no puede seguir tratándose como un estado ajeno a la actividad sísmica. Más de 130 microtemblores registrados en 2025 y decenas más en apenas el primer cuatrimestre de 2026 deberían haber cambiado por completo la conversación pública. No hablamos de alarmismo; hablamos de planeación estratégica. La Zona Media, el Altiplano e incluso puntos metropolitanos ya muestran actividad constante, mientras gran parte de la infraestructura urbana sigue diseñada bajo una lógica de “aquí nunca pasa nada”. Ese es el riesgo más peligroso en gestión de crisis: la falsa sensación de inmunidad.

Y luego está un tema que casi nadie quiere tocar, que es la fragilidad económica detrás de una emergencia mayor. La Carretera 57 colapsa en un día normal; imaginarla funcionando durante una evacuación industrial masiva raya en la fantasía. La infraestructura hídrica enfrenta un desgaste crítico. Las telecomunicaciones todavía dependen demasiado de internet y energía estable. En otras palabras, el reto de San Luis Potosí no es evacuar edificios; es mantener viva la operación del estado después del impacto. Ahí deberían concentrarse los próximos ejercicios: simulacros sorpresa, protocolos diferenciados para industria y zonas históricas, alertamiento móvil universal, recuperación energética segura y métricas reales de continuidad de negocio. Porque evacuar rápido sirve de poco si después nadie sabe cómo reactivar hospitales, empresas, sistemas de agua o cadenas de suministro.

El verdadero éxito de un mega simulacro no se mide por cuántas personas obedecieron una alarma durante cinco minutos, sino por cuántas instituciones serían capaces de evitar el caos cuando la emergencia deje de ser hipotética. Y en esa evaluación incómoda, San Luis Potosí todavía está mucho más cerca del ensayo que de la preparación real.