“San Luis Potosí le debe mucho a las infancias”, declaró Claudia Elizabeth Cuellar durante la presentación del diagnóstico estatal sobre casos de violencia infantil, un ejercicio que expone la magnitud de una problemática invisibilizada por las instituciones encargadas de procurar justicia. El informe, elaborado por el colectivo Espacios seguros y libres de violencia, documenta más de 10,211 denuncias y 9,853 carpetas de investigación en delitos como violencia intrafamiliar, abuso sexual y violación en los últimos cinco años. Sin embargo, apenas el 3.5% de estos casos ha sido judicializado, lo que evidencia un profundo rezago institucional. Durante su intervención, Cuéllar denunció que la recopilación de datos enfrentó múltiples obstáculos, ya que diversas instituciones carecen de registros completos o cifras precisas sobre la violencia infantil en el estado. Ante ello, el colectivo recurrió a un análisis exhaustivo que incluyó 1,258 notas periodísticas, 100 solicitudes de acceso a la información pública y la recolección directa de testimonios de niñas y niños en contextos escolares. Los resultados son alarmantes. Tan solo en casos de violencia sexual infantil se contabilizaron 3,024 carpetas de investigación en el mismo periodo, lo que equivale a un promedio de dos casos diarios. A esta cifra se suma la llamada “cifra negra”: organismos como Instituto Nacional de Estadística y Geografía y UNICEF estiman que entre el 90% y el 95% de estos delitos no se denuncian. El diagnóstico también revela que las niñas y adolescentes son las principales víctimas de delitos sexuales y desapariciones, lo que pone en evidencia un componente estructural de género en la violencia. Asimismo, identifica al hogar como el principal espacio donde ocurren agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Otro dato preocupante es el silencio: solo 4 de cada 10 niñas y niños hablan sobre las violencias que enfrentan, reflejo de una normalización y falta de espacios seguros para denunciar. “Cuando una niña o niño guarda silencio no es porque no tenga nada que decir, es que no tiene un lugar seguro para decirlo”, subrayaron las y los integrantes del colectivo. Frente a este panorama, las organizaciones impulsoras del diagnóstico anunciaron la intención de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la Ley de Educación del estado. La propuesta busca la creación de unidades especializadas en prevención, detección y atención de la violencia dentro de los centros escolares. Estas unidades tendrían como objetivo identificar de manera temprana situaciones de riesgo, brindar atención inicial, canalizar los casos a las instancias correspondientes y generar información confiable para la toma de decisiones públicas. El colectivo enfatizó que el problema no radica en la falta de leyes, sino en la ausencia de mecanismos efectivos para garantizar su cumplimiento. El diagnóstico, advirtieron, no solo exhibe cifras, sino una deuda estructural con la niñez que sigue sin saldarse. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H