En San Luis Potosí, la ironía se cuenta sola. Mientras cientos de familias recorren predios con varillas y palas, buscando rastros de sus seres queridos en un desierto de respuestas, la Fiscalía General del Estado (FGE) parece haber extraviado algo básico en su propio organigrama: al titular de la Unidad de Personas Desaparecidas.

Esta ausencia no es solo un "hueco" administrativo; es un síntoma de una desidia institucional que revictimiza a quienes ya lo han perdido todo.

La falta de una cabeza formal en esta área crítica genera un efecto dominó que paraliza la justicia. Sin un titular, los procesos se vuelven erráticos:

Las colectivas de búsqueda han perdido el vínculo directo con la autoridad, quedando a merced de personal de turno que, aunque voluntad tenga, carece de la facultad de decisión.

Es inaceptable que en un país donde las cifras de desaparición no dan tregua, la unidad encargada de resolverlas esté acéfala. ¿Qué mensaje se le envía a las familias? El mensaje es claro: su dolor no es prioridad. La burocracia suele escudarse en que los procesos de selección son "exhaustivos" o que se busca al "mejor perfil". Sin embargo, el tiempo en la búsqueda de personas desaparecidas no se mide en días hábiles, sino en vidas. Cada hora que esa oficina permanece vacía es una hora de ventaja que se le da a la impunidad.